El golpista Costa dirige un cuerpo armado de 500 agentes rurales en Cataluña sin control de Interior

Marc Costa, defensor del golpe separatista y admirador de los separatistas encarcelados por rebelión, sedición y malversación es el director general de los Agentes Rurales. Un cuerpo de 500 agentes con categoría de policía que controlan todas las rutas rurales catalanas.

Justo, los caminos que el Ministerio del Interior teme que pueden ser usados por Carles Puigdemont para entrar o salir sin ser detenido en caso de atreverse a venir a España para animar a los suyos e intentar escapar posteriormente.

Los agentes rurales son un cuerpo que nace en 1986, a raíz de los incendios que sufre Cataluña aquel año. Pero que, en pocos años, empieza a crecer para convertirse en una división mucho más ambiciosa que un organismo de mero control de los incendios.

En nada se observa que sus competencias crecen hasta convertirse en una “policía de los bosques que vaya más allá del monte y que abrace todo el medio rural, con el objetivo de velar no sólo para el patrimonio natural, sino también para las personas que viven, que dependen y que disfrutan”, como señala su propia web. En resumen: una policía en el entorno rural.

Su dependencia es directa de la Consejería de Agricultura catalana. No están integrados en los Mossos, con lo que han escapado a la remodelación de la policía autonómica efectuada tras la destitución del mayor trapero y la aplicación del 155 por el Gobierno central.

“De esta manera, nace un cuerpo que tiene capacidad de control sobre el terreno, asumiendo funciones en materia de policía y guarda de los bienes forestales, cinegéticos y piscícolas, de las vías pecuarias y de los espacios naturales protegidos”, aclara sin problemas su web.

“Desde entonces, el Cuerpo de Agentes Rurales ha aumentado progresivamente sus funciones. La polivalencia le ha permitido especializarse y evolucionar para adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno y del medio rural, a los nuevos usos del bosque y de la naturaleza”.

Contando con presupuesto y agentes -casi 500 personas-, con capacidad de actuación armada. Y es que los agentes rurales han ido ampliando su capacidad de ir armados. Desde 2017, de hecho, una instrucción de la Generalitat amplió la posibilidad de portar armas en las inspecciones ordinarias de caza. La decisión se tomó después de que un cazador matara a dos guardas durante un control de caza en Aspa (Lérida).