El Gobierno cita a corresponsales foráneos para colarles el bulo de la ONU sobre las leyes del PP y Vox

El Gobierno de Pedro Sánchez ha citado, este martes, a los corresponsales de prensa extranjeros para colarles el bulo de la ONU sobre las leyes de Concordia del PP y Vox en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Un error en la convocatoria, al enviarla a periodistas de medios nacionales, como OKDIARIO, ha permitido conocer el encuentro con los periodistas extranjeros. El briefing -encuentro, en términos periodísticos- adelanta la estrategia de Moncloa contra el PP, cara a las elecciones europeas del 9J. Volverá a pivotar, como en las generales del 23J, sobre la «dependencia» del PP de Vox y la «ultraderecha». Aquello, y las peleas entre PP y Vox durante la campaña, le funcionaron a Pedro Sánchez.

El encuentro con los corresponsales extranjeros por parte del Gobierno lo va a tener el propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El ex presidente socialista de Canarias aparece relacionado por informaciones periodísticas con el caso Koldo. Su ministerio ha enviado por error la convocatoria al mail de los corresponsales nacionales en Moncloa. Dice la convocatoria que el ministro «analizará con los corresponsales [extranjeros] en España (de forma presencial o telemática) la comunicación de los relatores de la ONU sobre las llamadas leyes de concordia impulsadas en las comunidades de Aragón, Castilla y León y Comunitat Valenciana».

Son tres de las comunidades donde Vox gobierna en coalición con el PP y los de Santiago Abascal han forzado a los de Alberto Núñez Feijóo a derogar las leyes de Memoria Democrática de los anteriores gobiernos. En el caso de Aragón y Comunidad Valenciana con Gobierno del PSOE en solitario o con la extrema izquierda de Compromís y Podemos. Las leyes socialistas de memoria en dichas comunidades vienen inspiradas por la ley nacional que aprobó Pedro Sánchez pactando con Bildu y que reconoce, entre otros aspectos polémicos, víctimas de torturas por parte del Estado hasta 1983, lo que podría afectar al GAL con Felipe González.

Vox y PP alegan que las leyes autonómicas derogadas establecen un relato falso que excluye a las víctimas de la II República o a las víctimas de ETA. Frente a ellas, Vox y PP han promovido, en sus autonomías, las llamadas leyes de Concordia. «Las víctimas fueron y son víctimas con independencia del lugar donde cayesen», señalan.

Así, por ejemplo, la Ley de Concordia valenciana reconoce como víctimas a los religiosos asesinados por el Frente Popular y extiende el marco hasta nuestros días (2024). Es decir, 41 años más adelante de 1983, el año pactado entre PSOE y Bildu. La Ley de Concordia valenciana habilita a la Abogacía de la Generalitat a investigar crímenes de ETA no resueltos y a reparar a todas las víctimas, incluidas las de la II República, y no sólo a las del franquismo.

Moncloa, con la ayuda de sus satélites mediáticos, ha visto en estas leyes de Concordia una oportunidad para vender electoralmente que Feijóo está en manos de la «extrema derecha». Así, eldiario.es de Ignacio Escolar publicó a principios de mayo, justo durante la farsa de la reflexión de Sánchez, una noticia que titulaba así: «Naciones Unidas censura que las leyes de concordia de PP y Vox atenten contra la legislación sobre derechos humanos». Y añadía: «El informe remitido a España alerta de que los pasos dados por los gobiernos autonómicos de Aragón, Valencia y Castilla y León pueden invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista que omiten nombrar o condenar».

La noticia daba a entender que se trataba de un informe oficial de la ONU. Era un bulo y un titular engañoso. En realidad se trataba del Informe del Relator Especial y del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. El informe de un relator no es un informe de la ONU. La ONU define que un «relator» es «experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico de los derechos humanos». Y deja bien claro que la ONU no hace suyas las conclusiones del relator.

Los relatores son Fabián Salvioli, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé, y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz. Los relatores instaron al ejecutivo de Pedro Sánchez a tomar medidas contra las leyes de concordia del PP y Vox. El Gobierno anunció que las llevará al Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde-Pumpido.

Con el paso de los días han podido saberse más cosas de los relatores a los que hacía referencian la primicia de eldiario.es. Por lo pronto, tal y como publicó OKDIARIO, Fabián Salvioli, el firmante principal del informe, elevó el documento 25 días después de que ya hubiera sido nombrado su sucesor para ese cargo y a escasas horas de abandonar el despacho que ocupaba desde el 1 de mayo de 2018.

Además, Salvioli, según pudo conocer OKDIARIO, avaló la conocida como Ley de Abusos Policiales del País Vasco, que acusa a la Policía Nacional y la Guardia Civil de «torturas» en la lucha contra ETA y apoya «reparar» a los etarras. En pago al apoyo del PNV a Sánchez por la moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez retiró, en 2018, nada más llegar a Moncloa, el recurso ante el Constitucional que había presentado el Gobierno de Mariano Rajoy.

El gran informe del relator ofrecido en primicia por eldiario.es son, en realidad, ocho folios. Y están llenos de inexactitudes. Empezando por no saber dónde gobiernan PP y Vox. Además, a la Comunidad Valenciana la llama «Comunidad Autónoma de Valencia».