Uno de los relatores de la ONU contra las leyes de concordia de PP y Vox apoyó la «reparación» de etarras

Fabián Salvioli, uno de los tres relatores de la ONU que han instado al Gobierno español -tras una denuncia presentada por el propio Ejecutivo- a «tomar las medidas necesarias» para preservar la denominada Ley de Memoria Democrática frente a las leyes de concordia impulsadas por el Partido Popular y Vox en varias regiones, avaló la conocida como Ley de abusos policiales del País Vasco, que criminaliza a la Policía por supuestas «torturas», especialmente en los años de la lucha antiterrorista.

Salvioli -actual Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición- fue, en 2017, el experto en el que se apoyó el Ejecutivo de Íñigo Urkullu para elaborar un informe a medida para defender la legalidad de esta norma, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy. Apenas dos meses después de llegar al cargo, en junio de 2018, Pedro Sánchez retiró el recurso como pago al PNV por su apoyo en la moción de censura.

El Ejecutivo vasco enarboló el informe de Salvioli para demostrar, en su opinión, que la norma respetaba los principios internacionales de protección a las víctimas. La ley vasca da amparo a supuestas víctimas de «abusos policiales», sin necesidad de sentencia judicial y con la única acreditación de una «comisión de valoración» de perfil político. Tanto la oposición como las propias víctimas de ETA criticaron la ley por equipararlas con los auténticos «verdugos». En aplicación de la norma, el Gobierno vasco ha llegado a reconocer como víctimas a dos etarras que murieron en una operación de la Guardia Civil en 1972  -José Benito Mujika Xenki y Mikel Martínez de Murgia Murgi- afirmando que sufrieron «una ejecución arbitraria o extrajudicial».

Sin embargo, la ley ha excluido a víctimas de ETA y a las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a quienes no reconoce como beneficiarios por ser víctimas de violencia de «motivación política». La llamada comisión de valoración ha reconocido decenas de casos de supuestas torturas y maltratos graves por agresiones, impactos de bala o de pelotas de goma, o vulneraciones de la integridad moral o psíquica, criminalizando así a miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Ertzaintza. Igualmente, se ha reconocido a Lasa y Zabala, miembros de la organización terrorista ETA, asesinados por los GAL en 1983.

«Derecho a la verdad»

El informe de Salvioli avala en su totalidad la ley vasca, incidiendo en la obligación de los Estados de «reparar» a las víctimas por violaciones de los Derechos Humanos. «No cabe duda que la plena vigencia y sin reserva de la Ley 12/2016, y su debida aplicación conforme al objeto y fin de la misma, será objeto de valoración muy positiva de parte de los órganos internacionales de supervisión de las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos», concluía Salvioli en su examen.

Según el experto, que ha sido además presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esta ley servía para hacer efectivo el «derecho a la verdad» y «se alinea con la reparación integral, principio por excelencia para el abordaje de violaciones a los Derechos Humanos».

Contra las leyes de concordia

Ahora, Salvioli –junto a la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias Aua Baldé, y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz– han instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a tomar medidas contra las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden «invisibilizar» las «graves violaciones de los Derechos Humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista».

«Las llamadas leyes de concordia podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos», se lee en el documento de la ONU. Consideran los expertos que estas leyes podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil «a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España», quitándole así el reconocimiento a «las centenas de miles» de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen franquista.

«Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas», expresan los autores. El propio Gobierno presentó una denuncia ante la ONU contra las leyes de concordia aprobadas por PP y Vox.

«No vamos a olvidar ni la dictadura ni a la banda terrorista» ETA, ha respondido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha recordado además el olvido a las víctimas del terrorismo en la Ley de Memoria Democrática. «Lamentablemente el Gobierno tiene un compromiso con Bildu. No se puede hablar de banda terrorista. Nosotros, sí», ha enfatizado.