Sánchez usa un informe de la ONU lleno de errores para desacreditar la Ley de Concordia valenciana del PP

Un informe con errores para rebatir la Ley de Concordia elaborada por el Gobierno valenciano lleva todo este viernes dando vueltas. Sin embargo, el citado informe tiene errores e inexactitudes, producto del desconocimiento del sistema y la ordenación española y, más particularmente, de la valenciana. El informe, que corresponde a tres relatores de la ONU, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, fue solicitado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y ha trascendido a primera hora de este viernes filtrado a unos pocos medios.

En ese informe, se denomina a la Comunidad Valenciana «Comunidad Autónoma de Valencia», se obvia que la proposición de ley tendrá luego su consecuente reglamento para poder desarrollarse. Y se la critica por incluir la II República, cuando ese periodo ya estaba incluido en la ley de memoria del Gobierno de Ximo Puig.

Además, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al Ejecutivo valenciano, éste no ha tenido acceso a la petición del Gobierno español a la ONU que ha dado pie a este informe, que sí va a reclamar. Tanto, en aras de la transparencia como al objeto de conocer los motivos en los que este organismo internacional ha fundamentado su respuesta.

El autor del mencionado documento atiende a la denominación de Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias de conformidad con las resoluciones 54/8, 54/14 y 53/4 del Consejo de Derechos Humanos.

A lo largo de los ocho folios del informe, sólo cinco párrafos hacen mención específica a la ley valenciana de Concordia, un texto que actualmente es una proposición de ley que está siendo tramitada en las Cortes de la Autonomía. Los autores del citado informe marcan ese epígrafe bajo el nombre de «Comunidad Autónoma de Valencia», en lugar de su denominación auténtica: Comunidad Valenciana o Comunidad Autónoma Valenciana.

Se da la circunstancia de que la denominación Comunidad Autónoma de Valencia no responde pues a la de autonomía y tampoco gusta a los valencianos, que consideran que el nombre real, el de Comunidad Valenciana, sí identifica a los habitantes de Castellón, Valencia y Alicante, mientras el de Comunidad Autónoma de Valencia, no lo hace.

II República: ya la incluía la ley de Puig

Uno de los errores más graves y que denota el desconocimiento sobre la futura ley de memoria valenciana y de la que la antecedió y fue elaborada bajo el Gobierno del socialista Ximo Puig, se encuentra en el primer párrafo de ese epígrafe, donde los relatores apuntan textualmente: «El proyecto amplía el periodo de alcance de la ley a los años de ‘profunda crisis’ incluyendo: la Segunda República…».

Sin embargo, la II República ya estaba incluida en la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 23 de diciembre de 2017, la que elaboró el Gobierno de Ximo Puig, bajo el nombre de Ley 14/2017 de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.

En esta última, se especificaba que: «Se entiende por memoria democrática valenciana: la salvaguarda, el conocimiento y la difusión de la historia de la lucha de los valencianos y valencianas por sus derechos y libertades democráticas en el periodo que abarca desde la proclamación de la Segunda República española el 14 de abril de 1931 hasta la entrada en vigor del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana el 10 de julio de 1982».

Por tanto, lo que realmente amplía la ley de PP y Vox es el periodo final: en lugar de 1982, hasta la actualidad. No la II República, como erróneamente afirma el Relator.

La Ley de Concordia no disuelve nada

Agrega el relator que: «El proyecto de ley ‘disuelve todas las comisiones, los organismos y las instituciones autonómicas de carácter público’ que se crearon por la ley autonómica de memoria democrática, y prevé que los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos al momento de la entrada en vigor de la nueva ley, serán suprimidos de manera automática, a excepción de las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas. Sin embargo, no detalla las condiciones bajo las cuales se podrán iniciar nuevos procedimientos de este tipo».

Pero, en este apartado, como más tarde cuando habla de que: «no reconoce las subvenciones para actividades en memoria histórica que actualmente pueden otorgarse a entidades sin fines de lucro», olvida o desconoce que toda esta parte queda sujeta al reglamento que debe aprobarse sobre esa misma ley, y que es, a su vez, el ordenamiento jurídico que desarrolla, precisa y sanciona uno o varios preceptos para enlazar los conceptos y construir los medios necesarios para su aplicación. 

Otro error es la mención que el informe dedica a «al Gobierno de su excelencia», en referencia al presidente del Gobierno, cuyo tratamiento no es el de Excelencia, condición que ostenta el jefe del Estado, en España el Rey, y no el presidente del Ejecutivo, cuyo tratamiento es el de Excelentísimo.

Los aspectos positivos de la Ley

No obstante, y a pesar de los esfuerzos por trasladar que el informe supone una oposición frontal a la Ley de Concordia valenciana, los redactores del documento también reconocen y ponen en valor puntos de la citada ley.

En concreto, los relatores destacan sobre la Ley de Concordia valenciana: «Tomamos nota que el proyecto reconoce el derecho a acceder a toda la documentación existente sobre las víctimas, estableciendo garantías para la protección de los lugares que fueron objeto de violencia política y social durante todo este periodo».