La Ley de Memoria de Puig ‘chafa’ la crítica de Sánchez a la de Concordia: ambas incluyen la República

La Ley de Memoria Democrática del Gobierno del socialista Ximo Puig chafa las críticas del presidente del Gobierno de España el también socialista Pedro Sánchez a la nueva Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana, que han elaborado PP y Vox. Sánchez ha amenazado con llevar a la ONU y a las instituciones europeas esa Ley de Concordia, que viene criticando hace semanas,  por incluir en la misma el periodo de la II República Española, que arrancó el 14 de abril de 1931. Sin embargo, la ley de Ximo Puig abarca, precisamente, desde 14 de abril de 1931, también, según reza en el propio texto legal consolidado. Es decir que la Ley de memoria Democrática y la de Concordia arrancan, exactamente del mismo periodo: la II República.

La ley de memoria valenciana elaborada por el Gobierno presidido por Ximo Puig, del que era vicepresidenta primera la entonces líder de Compromís, Mónica Oltra, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 23 de diciembre de 2017, bajo el nombre de Ley 14/2017 de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana. Con anterioridad, ese mismo texto había sido publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de fecha 13 de noviembre de 2017. 

En concreto, en el apartado A del artículo 3, el dedicado a conceptos básicos, de la citada Ley de Memoria Democrática valenciana del primer gobierno de Ximo Puig, se especifica que: «Se entiende por memoria democrática valenciana: la salvaguarda, el conocimiento y la difusión de la historia e la lucha de los valencianos y valencianas por sus derechos y libertades democráticas en el periodo que abarca desde la proclamación de la Segunda república Española el 14 de abril de 1931 hasta la entrada en vigor del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana el 10 de julio de 1982».

En tanto que, en artículo 1.1 de la Ley de Concordia de PP y Vox, ahora en trámite parlamentario, se dice: «La Ley de concordia valenciana reconoce a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa acaecidas en el territorio de la Comunitat Valenciana durante el periodo histórico comprendido entre 1931 hasta nuestros días».

Por tanto, al contrario de lo sostenido hasta ahora por los detractores de la Ley de Concordia, tanto esta ley como la de Memoria Democrática incluyen el año 1931, en que arrancó la II República española, como el del inicio del periodo que abarcan. Con la particularidad de que la ley del Gobierno de Ximo Puig puntualiza más aún y marca la fecha del 14 de abril de ese 1931. Ese 14 de abril está unánimemente considerado como la fecha fundacional de la II República española.

Se da la circunstancia de que este miércoles, precisamente Pedro Sánchez se ha referido a la ley de Concordia en una respuesta parlamentaria en el Congreso de los Diputados: «No es memoria, es olvido totalitario, no es dignidad, es sumisión a la mentira histórica más perversa, la de asimilar la España de 1931 a la de 1939».

En círculos políticos valencianos, donde ya es conocido este artículo 3 de la Ley de Memoria de Ximo Puig, ha comenzado a especularse con que el verdadero problema que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ve en esta ley es el concerniente a la mención expresa en torno al terrorismo. Y, más concretamente, al terrorismo de ETA.

La Ley de Concordia valenciana da a las víctimas de ETA, la consideración de víctimas del terrorismo. Y habilita a la Abogacía de la Generalitat Valenciana a abrir procedimientos que persigan, precisamente, los crímenes que restan por resolver en este territorio, que son 11. Según esas mismas fuentes, la Ley de Concordia valenciana no altera la norma anterior, sino que la amplía, precisamente en su plazo «hasta nuestros días».

De hecho, al contrario que en otros territorios, la Ley de Memoria de Ximo Puig no ha sido derogada a pesar de estar la nueva de Concordia en tramitación. Ni lo va a ser hasta que esa nueva Ley de Concordia, actualmente en anteproyecto de ley, no culmine todo su recorrido parlamentario en la Cámara autonómica.