Mazón y Barrera acuerdan una Ley de Concordia que reconozca también a las víctimas del Frente Popular

Partido Popular y Vox, las dos formaciones que conforman el Gobierno valenciano, han pactado una ley de concordia, que sustituirá a la de memoria democrática del Ejecutivo de Ximo Puig, Compromís y Podemos. Esta nueva ley elaborada por los partidos del Gobierno de Carlos Mazón, del que es vicepresidente primero Vicente Barrera, comprende los crímenes cometidos desde 1931, el año de proclamación de la II República española, con lo que incluye a las víctimas de la violencia revolucionaria del Frente Popular. E introduce a todos los asesinados por terrorismo hasta nuestros días, circunstancia que no contemplaba la anterior. 

El nuevo texto tiene por objeto la derogación una norma anterior: la de memoria democrática aprobada por el Gobierno de Ximo Puig y sus socios Compromís y Podemos en 2017. Una ley que dividía y no unía y que era criticada al ser considerada unidireccional y de pensamiento único.

Frente a ello, la nueva ley de concordia del Gobierno de PP y Vox ofrece una novedad significativa: la de desplazar el término memoria democrática, al observar en él matices guerracivilistas, y lo sustituye por otro que apela a la unidad en el sentir colectivo, que es el de la concordia.

La nueva de PP y Vox incluye, además, otras consideraciones importantes. Una de ellas, es que comprende los crímenes que ocurrieron desde 1931, el año de proclamación de la II República, hasta la actualidad. Por tanto, engloba a las víctimas de la violencia revolucionaria del Frente Popular y también a las del terrorismo de ETA y la de grupos como Frap o Grapo.

El texto presentado ante las Cortes Valencianas por Partido Popular y Vox  mantiene las políticas de reparación en materia de exhumaciones, investigaciones y preservación de memoria para las víctimas de todas las violencias comprendidas en ese periodo antes citado: desde 1931 hasta la actualidad.

Pero, además, garantiza también la protección de todos los vestigios y restos patrimoniales de memoria inventariados por las consejerías con competencias en patrimonio cultural y transparencia, independientemente de si se trata de cruces, placas o monumentos singulares de especial protección.

Ley de libertad lingüística

Además, PP y Vox han presentado conjuntamente la ley de libertad lingüística. Esta norma está fundamentada sobre la base de la libertad de las familias para elegir la lengua en que quieren que estudien sus hijos, elimina los proyectos lingüísticos de los centros y fulmina también el plan de normalización lingüística. Dos cuestiones éstas últimas que no eran del ámbito de elección por las familias.

Además, la nueva ley favorece la promoción del español y del valenciano. Y lo hace respetando un mínimo del 25% en la lengua cooficial no base y hasta un máximo del 25% en lengua extranjera. Se establece, asimismo, un diferencial máximo del 20% entre las lenguas cooficiales, que son el castellano y el valenciano, con el fin de potenciar ambas. Si bien, con los alumnos con necesidades educativas especiales o con necesidad de apoyos educativos, se trabajará, siempre, en la lengua base.

La nueva ley de Vox y PP garantiza también el aprendizaje del alumno las áreas lingüísticas y de matemáticas en la lengua base elegida por las familias. El centro educativo tendrá autonomía para elegir entre el resto de materias con el fin de adecuarse al porcentaje establecido de la lengua cooficial, no base.

La norma recoge también el derecho de los alumnos a examinarse en castellano o valenciano ya sean en pruebas parciales o finales. De modo, que la lengua vehicular no penalice los resultados académicos.

Los directores de los centros, además, serán las personas encargadas de emitir las correspondientes resoluciones en cuanto a la exención del valenciano. Una medida dirigida a reducir el tiempo de respuesta, que no será superior a un mes. También se elimina el requisito lingüístico en los estudios de Música y en la Formación Profesional.

Otra cuestión novedosa es que los alumnos que superen los seis cursos de Educación Primaria tendrán derecho al reconocimiento del nivel A-2 de valenciano. Los que superen, además, los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) tendrán derecho al reconocimiento del B1. Y los que pasen los dos cursos de Bachillerato, al B2. Pero, además de todo esto, el alumno que alcance en la asignatura durante el Bachillerato una media de 7 o más o en el examen de esa misma asignatura en la EBAU certificará el nivel C1.

Además, este conjunto de medidas tendrá carácter retroactivo desde el curso 2009-10, en el caso de Primaria. Desde 2008-09, en Secundaria. Y desde el curso 2009-10, en Bachillerato.