La Ley de Memoria de Sánchez considera víctimas a los perseguidos por hablar catalán, no valenciano

La Ley de Memoria Democrática impulsada en la pasada legislatura por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y actualmente en vigor considera víctimas a los perseguidos por hablar en catalán. Y también, vasco y gallego. Pero no menciona a los perseguidos por hablar en valenciano. Lo que leva a pensar la asimilación del catalán y el valenciano. Además, reconoce «la política de persecución y represión contra las lenguas y las culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana». Una relación en la que tampoco aparece la cultura ni la lengua valenciana.

En los últimos días, el Gobierno de Sánchez ha clamado contra las leyes de Concordia de los gobiernos de PP y Vox. Hasta el punto de que, este jueves, ese mismo Ejecutivo ha decidido recurrir esas leyes ante el Tribunal Constitucional, en España, pero también ante organismos internacionales. Uno de ellos, la ONU. Y ello, a pesar de que, en el caso valenciano, la citada ley es actualmente un proyecto que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria y, por tanto, aún no tiene rango de ley.

El argumento del Ejecutivo ha sido que las leyes de Concordia de esas autonomías van en contra de la Ley Estatal de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022. Es decir, meses antes de que concluyera la pasada legislatura con la convocatoria de elecciones generales para julio de 2023.

Sin embargo, esa ley estatal no menciona expresamente ni el valenciano, ni la Comunidad Valenciana ni a los valencianos ni en el artículo 3, el de las víctimas, donde sí menciona el catalán, el gallego y el vasco. Ni en el 4, que reconoce la política de persecución y represión contra las lenguas y las culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana, pero no la valenciana.

En concreto, el artículo 3 de la citada ley otorga la categoría de víctimas en su apartado 1.J a «las personas represaliadas o perseguidas por el uso o difusión de su lengua propia». Pero, acto seguido, matiza en el punto 6 de ese mismo artículo 3 que se consideran víctimas «las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas». Por tanto, ni rastro de la Comunidad Valenciana, los valencianos ni la lengua valenciana.

Además, el artículo 4 de la misma ley, dedicado al reconocimiento general expresa el siguiente tenor literal en su punto 4: «Se reconoce la política de persecución y represión contra las lenguas y las culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana por el régimen dictatorial franquista durante el periodo de guerra, así como en las décadas posteriores de dictadura».

De nuevo, no hay huella de la Comunidad Valenciana, de los valencianos ni de la lengua valenciana. Y ello, a pesar de que la Comunidad Valenciana constituyó el último bastión republicano antes de concluir la Guerra Civil.

Así, Valencia fue capital de la II República entre noviembre de 1936 y octubre de 1937. Desde enero de 1937, la capital de la Comunidad Valenciana sufriera 442 bombardeos. Y el último presidente de esa II República Juan Negrín y sus ministros pasaran los últimos meses antes del exilio en la pedanía de El Fondó, en la localidad alicantina de Monóvar, de donde partió hacia el exilio el 5 de marzo de 1939.

Este jueves, la nueva Ejecutiva del PSPV, la federación socialista valenciana, que ahora lidera en su calidad de nueva secretaria general Diana Morant, ministra de Innovación, Ciencia y Universidades en el Gobierno de Pedro Sánchez, ha decidido llevar a los ayuntamientos valencianos su rechazo a la Ley de Concordia valenciana elaborada por el actual Gobierno valenciano de PP y Vox a través de mociones para derogar la citada ley, que ni siquiera es ley aún, porque está iniciando su tramitación parlamentaria.

Pero, también, para derogar otras cuatro leyes que aún no lo son: una de ellas, la de libertad educativa del Ejecutivo de PP y Vox. Esta última, es la que pone fin a la imposición del valenciano en las aulas de esta Comunidad y acaba, también, con la imposición del valenciano en las comunicaciones de la Administración.