El Gobierno admite que no podrá saber «con exactitud» si la ley del ‘sólo sí es sí’ funciona

El Gobierno reconoce que no podrá saber con precisión el resultado de la polémica ley del ‘sólo sí es sí’, que iniciará su trámite parlamentario tras ser aprobada en el Consejo de Ministros. En un informe remitido al Congreso de los Diputados, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo admite las serias dificultades para medir los logros de la ley en la reducción de la violencia sexual contra la mujer.

Así se recoge, en concreto, en la Memoria del análisis de impacto normativo, enviado al Parlamento por la ya ex vicepresidenta Carmen Calvo. En la previsión de resultados, el Gobierno destaca que, sobre «la reducción de las violencias sexuales, si bien el objetivo último de la norma es la erradicación de este tipo de conductas, se espera que conlleve una reducción en la prevalencia de las mismas».  Sin embargo, a continuación admite que «dicha reducción no puede ser cuantificada de forma exacta».

El Ejecutivo señala que «existe la necesidad de avanzar en los estudios de prevalencia, que comenzaron a desarrollarse con la Macroencuesta 2015».

En este contexto, lamenta que «actualmente no se cuenta con un diagnóstico de partida necesario para poder medir con el rigor requerido la reducción de la prevalencia de las violencias sexuales tras la aprobación de la norma». Por ello, se contenta con «la construcción de un sistema complejo de recogida de datos, en base a estudios de prevalencia y datos procedentes de los recursos de atención a las mujeres» que, afirma, «es en sí mismo un resultado esperado».

Para el Gobierno, «el número de denuncias puede entenderse como un indicador adecuado para medir el impacto de la norma». Sin embargo, se reconoce también que es necesario saber «si un posible incremento de las denuncias se debe a un incremento en la tasa de denuncia, o puede ser también indicador de un mayor número de delitos efectivamente producidos».

Más estudios 

Dicho esto, los objetivos esperados por el Ejecutivo se centran especialmente en aumentar la «sensibilización» sobre la violencia sexual contra la mujer, para lo que prevén «un incremento en el número de estudios, encuestas e investigaciones» y de campañas.

También celebran como un éxito la «elaboración de Protocolos comunes de actuación para la detección y atención a estas violencias en el ámbito sanitario y educativo». O el impacto «sobre el sistema de mitos, roles y estereotipos de género». Otras medidas son la creación de centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias o «la disponibilidad de equipos de policía especializada».

Aviso del Consejo de Estado

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 6 de julio al proyecto de Ley de Libertad Sexual, la norma estrella de Irene Montero y que orbita en torno a la idea del «consentimiento» en las relaciones sexuales.

Una norma que ha suscitado las advertencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado. Como adelantó OKDIARIO, el máximo órgano consultivo del Gobierno avisó en un crítico dictamen que «cuando lo que se discute es la existencia o no del consentimiento o de la autorización que convertiría la conducta en perfectamente legítima, el problema probatorio se convierte en el aspecto central».

«Se trata de un problema cotidiano en los procesos penales, cuya resolución en ningún caso puede violentar el derecho fundamental a la presunción de inocencia ni permitir la inversión de la carga de la prueba, por lo que el problema operativo de las cláusulas de consentimiento seguirá siendo de naturaleza probatoria», añade el dictamen, aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El texto del Consejo de Estado fue aprobado el 10 de junio. Las críticas, junto a las del CGPJ, llevaron al Ejecutivo a matizar algunos aspectos de la ley, como la idea de «consentimiento». Sólo se entenderá que existen «cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

El dictamen del Consejo de Estado vierte serias críticas sobre el procedimiento de elaboración de la ley y los «solapamientos» con otras modificaciones del Código Penal en marcha. Así, se alerta de que la reforma «se superpone a otras anunciadas o recientemente aprobadas», como la ley de la infancia. Esto, según el Consejo de Estado, puede suponer «gravísimos riesgos» para la «seguridad jurídica». 

Además, el órgano consultivo afea que «algunas de las formulaciones empleadas en la exposición de motivos emplean un tono algo reivindicativo para un texto que deberá ser adoptado por las Cortes Generales», destaca las escasas referencias a la Constitución y avisa que ni es «un instrumento pionero» ni «decisivo» para la protección contra las violencias sexuales.