La Generalitat se queja a los directores de colegios de que los alumnos hablen entre ellos en español

La Generalitat separatista ha remitido una carta a los directores de 4.500 centros públicos y concertados de toda Cataluña en la que les insta a no aplicar el porcentaje mínimo establecido por la Justicia, del 25%, para las clases en español. Pero, más allá, en la misiva, el consejero de Educación Josep González-Cambray se lamenta por lo que considera un «retroceso significativo» en el uso del catalán en las aulas. Pero no sólo por parte de los docentes, también entre las conversaciones que puedan mantener los menores entre sí. El Gobierno independentista advierte «del descenso en los usos del catalán cuando el alumnado interactúa con los compañeros y compañeras dentro del aula para realizar trabajos en grupo». En otras palabras, quiere influir incluso en la lengua que utilizan los alumnos entre sí.

Para sostener sus argumentos, el Gobierno catalán se remite a varias encuestas que, reafirman, «ponen de manifiesto la reducción en los usos de la lengua catalana entre el alumnado y el profesorado», especialmente, remarcan, «en las actividades educativas que se hacen en grupo».

Así, lamentan, por ejemplo, que el catalán sea, según sus conclusiones, «la lengua de uso escolar durante un 62,1% de la jornada en Primaria y un 60,6% en Secundaria», frente al «33,1% y el 32,9% del español». «Se constata la importancia del papel compensatorio que la escuela representa para muchos niños y jóvenes a la hora de proporcionar espacios de interacción y comunicación en catalán», subraya el consejero en la misiva.

Polémicas

Las maniobras de la Generalitat para conocer si los alumnos hablan en español o en catalán han sido especialmente polémicas. En este sentido, se recordará, por ejemplo, el espionaje de la Plataforma per la Llengua -autodenominada ONG del catalán- que, en 2019, realizó una «observación de incógnito» en 50 colegios de Cataluña para estudiar los «comportamientos lingüísticos» de los escolares, incluso durante el recreo.

La carta de la Generalitat se acompaña de unas instrucciones a los directores de los centros para que no apliquen el 25% de las clases en castellano, como obliga la Justicia. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio 15 días de plazo para que el Gobierno catalán le comunicase qué órdenes ha enviado a los centros para dar cumplimiento a la sentencia. En las instrucciones remitidas se pregunta al equipo directivo si «el proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas». Si se responde afirmativamente, la Generalitat aprobará el proyecto lingüístico del centro en cuestión. En caso contrario, deberá modificarlo. «¿El proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Cataluña, sea la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje?», es otra de las cuestiones.

En su estrategia para blindarse ante la obligación de impartir español, la Generalitat aprobó este lunes un decreto en el que se exige a los centros la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas», es decir, no fijar un porcentaje mínimo, como exige el Alto Tribunal.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado tomar medidas. La portavoz Isabel Rodríguez ha evitado este martes comentar las últimas decisiones del Govern sobre el uso del español en las aulas catalanas y se ha limitado a reiterar que las administraciones deben cumplir los mandatos de los jueces.

Rodríguez ha insistido en el compromiso del Gobierno de «poner en valor» todas las lenguas del Estado y el catalán, ha dicho, es una «lengua oficial en nuestro país», con protección constitucional.