Garzón pactó sus ingresos con la dictadura venezolana: el pagador final era PDVSA

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga unos documentos aportados recientemente por el ex jefe de la Contrainteligencia del chavismo Hugo El Pollo Carvajal. Estos documentos inciden en señalar a Baltasar Garzón por los 8,8 millones que cobró, presuntamente, de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Pero el ex juez –dueño del bufete Ilocad SL– asegura que su empresa no fue contratada por la estatal venezolana sino por el bufete de abogados estadounidense Squiere Patton Boggs. OKDIARIO desvela las pruebas que desmienten a Garzón y confirman que el pagador final del contrato fue la petrolera chavista.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación por Ilocad SL, el ex juez falta a la verdad. Garzón aseguraba esta pasada semana que el despacho americano que le contrató «es quien ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial Bariven». Según ha podido saber este periódico de fuentes solventes, el bufete Squiere Patton Boggs no ha trabajado en la defensa de la petrolera en las causas que se siguen en EEUU y España sobre el saqueo a PDVSA, sino que fue la sociedad española quien asumió la defensa de la estatal en Madrid y en Estados Unidos actuó la Fiscalía de oficio.

En concreto, en la causa que se sigue en España que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, la empresa pública venezolana decidió contratar los servicios de Garzón por varias razones. Entre ellas, porque Squiere Patton Boggs defendía a un querellado por la petrolera en EEUU. Se trataba del empresario venezolano Abraham Shiera, detenido en diciembre de 2015 por el desfalco de la petrolera. Fuentes consultadas manifiestan que «años después el bufete dejó la defensa de este hombre de negocios pero sólo de manera oficial, ya que continúa asesorando a los letrados de paja en la estrategia judicial». OKDIARIO hace público el documento que acredita que el despacho americano ejerció la defensa de este empresario.

El venezolano Shiera también fue denunciado en España por orquestar, supuestamente, un esquema de corrupción y lavado de dinero proveniente de la petrolera. Por tanto, el despacho estadounidense Squiere Patton Boggs no pudo haber defendido a un querellado en EEUU y dirigir la defensa del querellante en España, puesto que de ser así habría incurrido en un conflicto de intereses castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de dos a cuatro años.

Por este motivo, en esta causa concreta PDVSA optó por contratar a Garzón y no a Squiere Patton Boggs. Fuentes consultadas explican que existe la posibilidad de que el despacho americano ejerciera una labor de intermediario, pero el pagador último fue «sin lugar a duda la petrolera chavista», señalan.

Abogados del despacho de Garzón

Además, el ex presidente de PDVSA Eulogio del Pino otorgó poderes a tres abogados de Garzón para que representaran a la petrolera en España. El acta notarial, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, designa a Aitor Martínez Jiménez. Se trata de un integrante actual del bufete y que en un principio llevó la acusación del caso, hasta que cedió la batuta a su compañera Candela Estévez. También se dan poderes a Pedro Javier Díaz Carreño, que en 2017 firmaba recursos con Garzón y figura en su bufete actualmente. Y por último a Ricardo Evaristo Arranz Pareja, gerente de Ilocad de 2014 a 2020, para «el ejercicio de cualquier jurisdicción del mundo».

8,8 millones por «coordinación con la Fiscalía»

La documentación que obra en poder del Juzgado Central de Instrucción número 6 refleja una solicitud de contratación al bufete Ilocad SL, cuyo administrador único es Baltasar Garzón Real, fechado el 15 de noviembre de 2016. El documento está firmado por el entonces comisario principal de petróleos de PDVSA, Silvestre Molero, y el ex presidente de la petrolera venezolana Eulogio del Pino y refleja la aprobación del desvío de 8.835.000 euros al despacho del ex juez. Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la estatal explican a OKDIARIO que todos los contratos directos o indirectos –es decir, a través de intermediarios– de la petrolera debían ser solicitados y aprobados internamente.

El documento desglosa la partida que se destinaría a cada uno de los servicios ofrecidos, presuntamente, por el ex juez en la causa de PDVSA, que actualmente se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, y en la que su despacho defiende a la petrolera venezolana. Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que PDVSA decidió interponer la querella con el único fin de adelantarse a una posible imputación de la propia petrolera que ya estaba siendo investigada en EEUU.

El despacho Ilocada SL presenta un presupuesto, según el documento, de 8.835.000 euros desglosado de la siguiente manera:

– 1.650.000 euros en «asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios a otorgarse por las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela».

– 2.105.000 euros en «preparación y presentación del documento de demanda o litigio ante las autoridades competentes de España».

– 1.980.000 euros para la «coordinación con la Fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas».

Esta última partida es muy relevante, puesto que en la actualidad el despacho Ilocad SL continúa ejerciendo la representación letrada de PDVSA y la Fiscalía con la que iba a «coordinarse» está en manos de la actual pareja de Baltasar Garzón, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

El juez García-Castellón, con todas las pruebas sobre la mesa, deberá decidir si investiga estos hechos presuntamente delictivos. Pero hay que destacar que el magistrado tendrá en cuenta el criterio de la Fiscalía, que deberá pronunciarse al respecto y que tiene como máxima representante a la ex ministra socialista y pareja de Garzón.