La Fundación Franco pide al Supremo que rectifique y devuelva los restos exhumados al Valle de los Caídos

La Fundación Francisco Franco ha pedido al Supremo que «corrija su error» y devuelva al dictador al Valle de los Caídos. La entidad que promueve y divulga la figura de Franco ha solicitado este lunes al Alto Tribunal que rectifique la sentencia por la que autorizó la salida de los restos mortales y ordene la reinhumación de los mismos frente al altar central de la Basílica benedictina de Cuelgamuros.

Así lo expone la Fundación en un comunicado en el que detalla los motivos que la han llevado a instar a los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo a deshacer su decisión. Los miembros del tribunal se reunirán el próximo 7 de julio para deliberar los recursos interpuestos -por la propia Fundación, la familia, la comunidad religiosa y la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos- contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 por el que se dictó la exhumación.

El Supremo rechazó aplicar la medida cautelar de paralizar la ejecución del acuerdo ministerial que apoyó la salida de Franco del que había sido su lugar de enterramiento durante los últimos 40 años. Sin embargo, tenía pendiente resolver el fondo del asunto: determinar si la orden de 11 de octubre por la que el Gobierno inició las actuaciones necesarias para enviar los restos del dictador a su actual ubicación, en la cripta de la capilla del cementerio de Mingorrubio-El Pardo. Entre ellas, la apertura de un nicho adicional, como publicó en exclusiva OKDIARIO.

Una vez ha trascendido la fecha en la que previsiblemente la Sala se reunirá para estudiar los cuatro escritos que atacan las decisiones del Gobierno, la Fundación ha señalado la oportunidad que, a su juicio, tiene el Tribunal Supremo de enmendar «su error». Del resultado de la deliberación de los magistrados podrán sacarse dos conclusiones: que se mantenga «el esperpento» o que «se corrija su grave error jurídico», asegura el portavoz de la Fundación, Juan Chicharro.

Un error jurídico reversible

«La corrección es legalmente posible. Otra cosa es que se atrevan, después de lo que ya permitieron», dice en su nota de prensa la Fundación, tras acusar al Supremo de haber «dado tanto oxígeno a los actuales gobernantes liberticidas, que ahora se creen con superioridad moral para dar lecciones de historia, orden y respeto a la ley a la mitad de los españoles».

Para los abogados de familia y Fundación, la «corrección» es posible por la composición del tribunal que estudiará los recursos. Un tribunal en el que la ponente será la magistrada Pilar Teso y donde ya no coexistirán posturas antagónicas como las mantenidas, en su día, por sus compañeros José Luis Requero y Segundo Menéndez. Dos jueces situados en las «antípodas ideológicas en este asunto» pero que, finalmente, «se unieron a favor de la exhumación», lamentan los herederos.

«Resulta que a lo mejor, el próximo 7 de julio, día de San Fermín, pese a que se han suspendido los festejos de Pamplona en honor al santo, pueden correr unos miuras por los pasillos del palacio de justicia que, al menos, les recuerde la grave responsabilidad de sus funciones y, aunque sea testimonial, algún magistrado valiente cuestione la constitucionalidad de la ley de memoria histórica que desune y enfrenta a los españoles, que terminará por cargarse a la Monarquía, y que desvía la atención de la hecatombe a que nos está llevando Pedro Sánchez», añade la Fundación en su comunicado.

Decisión unánime

El Supremo autorizó por unanimidad al Gobierno la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, en septiembre de 2019. El destino de los restos del dictador fue el cementerio de El Pardo, tal y como solicitó el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez al Alto Tribunal, un lugar de enterramiento diferente a la madrileña catedral de La Almudena, destino que era desde un principio la voluntad de los nietos del dictador.

Transcurrida una hora desde que el Alto Tribunal comenzase a deliberar, la Sección Cuarta de la Sala Tercera rechazó así, sin votos particulares, el recurso presentado por la familia Franco en su totalidad. Y validó el Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez -posteriormente ratificado en sede parlamentaria- para la reforma de la Ley de Memoria Histórica que autorizó el histórico traslado mortuorio.

Con la decisión del Supremo se puso fin a una contienda judicial que se inició en marzo del mismo año, cuando los Franco anunciaron al Gobierno que darían la batalla para oponerse a la decisión ministerial que acordó retirar los restos de su abuelo de la que había sido su tumba en la basílica de Cuelgamuros durante los últimos 40 años.