Los funcionarios temen recortes nacionales de sueldos y avisan a Sánchez: “No volveremos a ser los paganos”

Cepas Covid
La ministra de Sanidad, Carolina Darias. (Foto. PSOE)
Carlos Cuesta

El principal sindicato de la función pública teme que el anuncio de recorte salarial lanzado ya por el Gobierno socialista de Baleares, el ataque de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a Muface, y el incumplimiento del Gobierno central de su obligación publicada en BOE de subir el sueldo a los 40.000 funcionarios de España con menor sueldo sean la antesala de un recorte generalizado de sueldos en la Administración Pública. Y no están dispuestos a aceptarlo. Desde CSIF se avisa ya al Gobierno: “No aceptaremos volver a ser los paganos de una nueva crisis. No aceptamos nuevas congelaciones o rebajas de sueldo”.

El Gobierno autonómico de Baleares anunció a principios de agosto a la Mesa de Negociación de Empleados Públicos que sólo se aplicará la subida salarial del 2% para 2020 en las retribuciones básicas y que bajará en la misma cuantía un complemento autonómico, lo que en la práctica supone «neutralizar» la subida retributiva y congelar los salarios, según el STEI Intersindical.

De esta forma Baleares, gobernada por la socialista Francina Armengol, se convierte en la primera administración autonómica en congelar los salarios públicos ante el cambio de escenario para las cuentas públicas generado por el coronavirus y la gestión del Gobierno central, que ha dejado a las islas sin prácticamente turismo internacional y, por lo tanto, en medio de una fuerte caída de los ingresos fiscales.

La subida retributiva del 2% venía recogida en un Real Decreto, como ha recordado el STEI, que añade que la mayor parte de las administraciones ya han aplicado esta subida a sus trabajadores.

Pero en el sindicato CSIF no creen que esa maniobra de nuevos recortes vaya a ser la única que se vea. Especialmente porque también a escala nacional ha empezado ya a surgir la sombra de las rebajas de Presupuestos y salarios, por mucho que el Gobierno insista en negar futuros recortes en la función pública.

La cuestión pasa por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene dinero en plena crisis del coronavirus y tampoco está dispuesto a recortar gastos superfluos que puedan alterar sus alianzas de poder. Por eso, y pese a las advertencias de CSIF, el gran sindicato de la función pública, el Ejecutivo ha trasladado ya la orden de desmantelar el 6 de octubre el viejo sistema de protección social de 900.000 funcionarios, las denominadas clases pasivas.

Ese sistema incluye la gestión y pago de las pensiones de forma independiente, su inclusión en el sistema de mutuas –Muface (funcionarios civiles), Isfas (Defensa) y Mugeju (Justicia)- y todo un esquema de protección social que permite a este gran colectivo de empleados públicos disfrutar de mejoras sociales y de un poder de negociación autónomo.

La orden -como ha adelantado OKDIARIO- ya se ha cursado, tal y como prueba el documento remitido a la Guardia Civil y que ya reprodujo este diario. Y su significado es evidente: el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quiere que el 6 de octubre dé inicio el traspaso al área de la Seguridad Social del control de las pensiones de 900.000 funcionarios. Ese día, según el propósito del Ejecutivo, las viejas estructuras que permiten aún hoy gestionar de forma autónoma esas prestaciones, deberán iniciar su desmantelamiento, con lo que el Gobierno podrá aplicar sobre esas pensiones el recorte o eliminación de derechos adquiridos que desee.

Golpe a 900.000 funcionarios

El golpe está decidido. Y no lo será sólo a la Guardia Civil. El BOE del pasado 22 de abril se convirtió, en plena pandemia, en todo un susto para 900.000 empleados públicos. Se trata de los funcionarios comprendidos en lo que se denominan clases pasivas. El Gobierno decidió en aquel momento traspasar la gestión de sus prestaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social sin previo aviso, ni negociar con sus representantes sindicales.

Desde el principal sindicato de la función pública -CSIF- ya han advertido de que el movimiento es un paso previo a un intento de recorte de sus condiciones en materia de jubilación.

En aquel BOE se anunciaba ya la muerte del régimen diferenciado de las clases pasivas: pasaba a ser igualado al resto. Y eso implica, como poco, que en posteriores y nada descartables recortes con motivo de la crisis, esos 900.000 funcionarios pierdan su posibilidad de negociar de forma separada. Traducido: dicen adiós a su capacidad de defensa individual frente a congelaciones en las prestaciones o recortes en las condiciones de acceso a la jubilación.

CSIF, además, sospecha que ese ataque va en conexión con el que se prepara contra Muface. Sánchez e Iglesias han puesto en su punto de mira a las tres mutuas de los empleados públicos, tal y como anunció el 18 de abril OKDIARIO. La más conocida de estas entidades es Muface, la joya de los funcionarios. El Gobierno socialcomunista quiere igualmente controlarlas y cortar el pago que destina cada mes para que los empleados públicos puedan disfrutar de una Sanidad privada, algo que afecta no sólo a las claves pasivas sino a todos los empleados públicos usuarios de estos servicios.

El Ejecutivo de PSOE y Podemos pretende con ello asestar un nuevo hachazo tanto a la Sanidad privada, como a la industria farmacéutica con la excusa de reforzar el sistema sanitario público. Los «expertos» del Ministerio de Sanidad, en este sentido, han recomendado ya recortar al máximo la factura en medicamentos, integrar a los funcionarios en la Sanidad pública e incluso amputar cualquier influencia de los laboratorios en la formación del personal sanitario. Y ese plan incluye la integración de las tres mutuas de los empleados públicos en el sistema general de salud pública. Las tres entidades son Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial).

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