Los Franco usan las pifias de Celaá para frenar la exhumación de Franco: reconoció ilegalidades del decreto

La familia de Francisco Franco y la Fundación que guarda su legado han decidido ampliar sus recursos judiciales para frenar la exhumación del dictador. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha reconocido –en una clara metedura de pata– que la norma creada para sacar a Franco del Valle de los Caídos fue creada para un caso individual. Algo que está prohibido.

Es precisamente el carácter individual del decreto lo que ha provocado que los Franco hayan ampliado el recurso contra la exhumación. Las normas individuales están expresamente prohibidas: tienen que ser de aplicación general, no diseñadas para una persona. Pero Celaá se empeñó en dejar claro que los monjes del Valle de los Caídos no van incluidos en el deseo exhumador. Ni en el de la ministra, ni en el del Consejo de Ministros que adoptó el primer decreto y el acuerdo posterior.

El nuevo recurso presentado por los equipos jurídicos que defiende el mantenimiento de los restos de Franco en el Valle de los Caídos deja claro este punto. “Carácter inconstitucional del Real Decreto Ley 10/2018, de 24 de agosto, que modificó la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica”, señala. Y a partir de ahí, el recurso amplía sus argumentos para destacar que “el presupuesto habilitante constituido por la extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 de la Constitución)”, no se cumple. Que “la mera constancia de la fecha (10 de junio próximo) fijada por el Consejo de Ministros para la exhumación evidencia, aún más claramente, la inexistencia de la extraordinaria y urgente necesidad tras el transcurso de más de 43 años” de estancia de los restos del dictador en el Valle. Y, y esta es la nueva clave, por las meteduras de pata de la ministra portavoz, que reconoció ilegalidades en la tramitación de la norma, según el recurso.

Porque, existe “vulneración del principio de igualdad, por tratarse de una ley singular, de caso único, según la forma en que los Acuerdos impugnados la aplican, vulnerando el artículo 14 de la Constitución”.

El recurso recuerda expresamente las palabras de Celaá: “A estos efectos, merecen destacarse las recientes declaraciones de la Ministra Portavoz del Gobierno, que tras el Consejo de Ministros de 5 de abril pasado, a preguntas de un periodista sobre la noticia de la eventual exhumación de 20 monjes benedictinos, afirmó lo siguiente: ‘He de decirle que no se ha tratado en Consejo de Ministros absolutamente nada, en relación a las exhumaciones o exhumación, salvo lo que ustedes ya vienen conociendo a lo largo de estos meses. Estamos hablando todo el tiempo de la exhumación del dictador Franco porque consideramos que una democracia no lo debe tener en un lugar de enaltecimiento y seguimos, obviamente, con la fecha del 10 de junio’”.

Según el recurso, estas palabras certifican que “el Real Decreto Ley 10/2018 es una disposición singular de caso único con la que el Gobierno no busca el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 (exhumar a todos los inhumados en el Valle de los Caídos que no hubiesen fallecido en la Guerra Civil) sino únicamente exhumar los restos de don Francisco Franco”.

Y todo ello, según el recurso, se une a la “vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa (artículo 16.1 de la Constitución). Vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18 de la Constitución). Vulneraciones de la legalidad ordinaria 1.2.1 Manifiesta falta de competencia del Gobierno de la nación para acordar una exhumación en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Infringiendo el artículo 1.5 del Acuerdo España-Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 3 de enero de 1979”.

Razones por las que piden la inmediata paralización de los actos dirigidos a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.