Los Franco responden por burofax a Patrimonio: “Requerimos los datos del supuesto expolio, es un daño al honor”

La respuesta del equipo jurídico de la familia Franco tras la retirada de la propiedad del Pazo de Meirás y el informe oficial que insinúa que han pretendido llevarse muebles y objetos del inmueble no se ha hecho esperar. En un burofax al que ha tenido acceso OKDIARIO, el equipo jurídico de la familia asegura que la publicación del informe de Patrimonio Nacional que disparó la alerta por un supuesto expolio de estos bienes “independientemente de las consecuencias difamatorias e incluso en cuanto pudieran sustentar divulgaciones susceptibles de encuadrar como un delito de injurias o calumnias, conlleva actuaciones que en su irregularidad y gravedad da lugar al presente requerimiento”.

El requerimiento de información en cuestión afecta al deseo de conocer quién es el responsable último de haber encargado un informe de titularidad de los objetos y bienes muebles, a las pruebas que pudieran existir de que efectivamente esos objetos son de Patrimonio Nacional y no de los Franco, así como detalles que garanticen la propiedad pública de los bienes cuestionados.

El burofax viene encabezado por el membrete del despacho que representa los intereses de los Franco en este último enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: Montero Estévez Abogados.

El requerimiento se dirige, además, a la atención de Pilar Benito, jefa de Servicio de Conservación de Patrimonio Nacional y persona que firmó el informe “Titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás”. Ese informe, tal y como defienden los abogados de los Franco, abrió la puerta a una serie de informaciones que acusaban a la familia de un supuesto expolio de los bienes que se encuentran dentro del Pazo. Según el informe, “la transmisión de aquel documento […] integra indicios de revelación de secretos o informaciones, de los que se ha tenido conocimiento por razón de su cargo, que en ningún caso tenían como objeto su divulgación, que conllevan la voluntad de revelar informaciones confidenciales sobre mis mandantes”.

El burofax va a más y asegura que “por otra parte aquella actuación comporta, en el uso de una información privilegiada, el incumplimiento de los deberes de fidelidad en su custodia, permitiendo el acceso de terceros a documentación conocida en razón de la función pública que le corresponde”.

Los Franco cuestionan la mera validez del estudio porque la intervención de la responsable de Patrimonio “se acordó por el Juzgado para colaborar en la confección del inventario y en ningún caso para “tratar de dilucidar si todavía quedaban en dicho edificio algunas obras de titularidad estatal y más concretamente pertenecientes a Patrimonio Nacional”.

A partir de ahí, los abogados de la familia requieren información de todo un largo listado de asuntos relativos al informe de Patrimonio. En primer lugar exigen saber “quién le ha encargado el informe de titularidad presentado”. También si Patrimonio “puede afirmar, indubitadamente, si la tela de la pantalla de la chimenea, es original y, si así fuera, cuál sería su valor aproximado”. La misma cuestión sobre el “sofá de talla dorada” para que “confirme sí, indubitadamente, está tapizado con la misma tela que las cortinas retiradas del Palacio Real y cuál sería su valor aproximado”.

También, si sobre “la mesa vitrina puede asegurar, indubitadamente, que es la misma que estaba en el Palacio Real, ya que en la ficha de dicho elemento aneja a su propio informe se indica que a 18 de junio de 1996 su estado de conservación era bueno con algunos deterioros sin que se aporte medidas de la misma, fundamentales para su identificación. Igualmente el valor aproximado de la misma”.

Y así, uno tras otro, de diversos bienes que el informe identifica como propiedad de Patrimonio, pese a que algunos de ellos “no estuvieran debidamente inventariados, como lo estaban los del Palacio del Pardo y, en el caso de que lo estuvieran, por qué no se han reclamado”.

Los abogados de los Franco concluyen denunciado que “su informe deliberadamente filtrado a la prensa, ha supuesto un evidente daño al honor y a la imagen de mis representados, en una intromisión en su derecho a la intimidad personal y familiar, dando pie a que se les acuse por diversos medios de comunicación de forma infundada de haber expoliado tesoros ocultos, cuando, ni se trata de tesoros […] ni estaban ocultos, ya que el Pazo lleva abierto a las visitas públicas desde hace más de 10 años y todos los elementos que señalan se encontraban en la zona visitable”. Todo ello, tras reservarse la familia Franco “las acciones que de todo ello pudieran derivarse”.

Hay que recordar que ya en noviembre la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número uno de La Coruña prohibió a la familia Franco retirar cualquier bien del Pazo de Meirás y ordenó realizar un inventario. Y que el Gobierno manifestó no tener “constancia” de que existieran bienes o derechos de titularidad estatal que obraran en poder de la familia del dictador Francisco Franco por los que debieran realizarse actuaciones, aunque en caso de identificarse, ejercerían las «facultades y prerrogativas» para defender el patrimonio del Estado, tal y como reflejó una respuesta parlamentaria del Ejecutivo ante la pregunta del senador de Izquierda Confederal Carles Mulet, que preguntó al Gobierno si tras devolverse la titularidad del Pazo de Meirás al Estado, el Ejecutivo pensaba emprender otras acciones para «intentar recuperar lo máximo posible de lo amasado» por Franco y que pudiera ser de titularidad del Estado y no de su familia.