La juez convierte en un acto de propaganda política la entrega del Pazo de Meirás «a la ciudadanía»

«Es un día que deja una sensación de justicia histórica» porque el Pazo de Meirás, durante 82 propiedad de la familia de Francisco Franco, «ha vuelto a manos de los ciudadanos gallegos». La frase corresponde a la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, tras recibir las llaves de la propiedad de manos de la juez Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña, en virtud de la sentencia que declaró que el inmueble es un bien público. Lo que debía haber sido un aséptico acto judicial se ha transformado en una performance en beneficio del Gobierno y de una juez que ahora luce en su biografía el haber revertido la propiedad de los Franco (al menos en primera instancia).

Las dos mujeres han protagonizado la foto de la ejecución (provisional) de la sentencia entre aplausos. La presencia de la juez, aún no siendo irregular, no ha pasado desapercibida, ya que bastaba la presencia del letrado judicial para ejecutar la orden de la magistrada. Pero no era día para que una comisión judicial anónima posara para la historia en lugar de la mujer que ha dado la vuelta a la propiedad del inmueble después de tantas décadas en manos y disfrute exclusivo de los Franco.

¿Por qué la juez ha tenido un lugar tan destacado en el acto? La versión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es que debido a la singularidad del acontecimiento, y dado que la juez se encontraba desde primera hora en el Pazo de Meirás culminando el inventario, «se decidió que se dejara testimonio gráfico» de un momento que simbolizaba «la devolución a la ciudadanía de un bien público».

Es así como la magistrada que decidió retirar la propiedad de los Franco sobre el Pazo de Meirás ha compartido la imagen para la posteridad junto a la representante que recibe el inmueble para el Estado, en una escenificación que desde algunos sectores judiciales se considera improcedente pues «pone en duda su imparcialidad». Los más atrevidos, como el penalista José María de Pablo, han dejado testimonio de su sorpresa en Twitter.

Para la próxima ejecución de sentencia voy a pedirme foto con el juez mientras me entrega el Decreto de Ejecución tras un apretón de manos. Y al fondo, que se vea al cliente, al procurador y al LAJ aplaudiendo mientras me emociono. https://t.co/60aupvK9Wi

— José María de Pablo (@chemadepablo) December 10, 2020

También han molestado las valoraciones políticas que ha realizado la abogada general del Estado, que lejos de ceñirse a criterios exclusivamente técnicos, no se ha mordido la lengua a la hora de valorar el momento: «Se produce la feliz coincidencia de que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y la significación que este acto tiene en términos de memoria democrática encaja de manera muy especial con este día», ha afirmado Consuelo Castro.

Desde 1938 en manos de los Franco

La entrega de las llaves ha puesto el colofón a un litigio de años. El Pazo de Meirás fue cedido como propiedad a Franco en 1938, y desde entonces, durante los 82 años siguientes, ha sido propiedad de la familia. Por ello, los propios sucesores del dictador exigieron el pago de un «precio justo» al Estado a cambio de lo que consideraban una expropiación.

Esta petición llegó a ser ridiculizada por la magistrada Canales en el auto en el que dictaba la devolución de la propiedad. «La cuestión del precio, sin duda sorpresiva, ni tan siquiera fue respondida por parte de la Administración General del Estado», aseguraba la juez en el extenso auto del pasado 2 de septiembre en el que quedó sellado el futuro de la propiedad.

El Pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural en 2008, algo a lo que se oponía la familia Franco. Esto obligó a los herederos del dictador a abrir el espacio al público durante cuatro días al mes para visitas, que no comenzaron hasta el pasado 2011. En años posteriores, la familia trató de vender la propiedad por unos 8 millones de euros.

No fue hasta 2017 cuando se inició el frente legal contra los Franco para que el Estado recuperase la propiedad del palacio. Se creó la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás, que integraron ayuntamientos, la Diputación de La Coruña y la Universidad de La Coruña, pero no así el Gobierno de la Xunta de Galicia.

En julio de 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez se lanzó definitivamente a la batalla legal por el Pazo. La Abogacía del Estado presentó una demanda judicial para devolver la propiedad acusando a los Franco de «fraude» en la compra.

En septiembre de ese año, la magistrada Marta Canales acordó que tanto la Xunta de Galicia como el Ayuntamiento de Sada podrían intervenir en el proceso judicial.

El proceso quedó a la espera de una decisión final, que llegó el pasado mes de septiembre. El juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña declaró en sentencia la «nulidad de la donación efectuada en 1938 al autoproclamando jefe del Estado».

Una vez que el Pazo de Meirás ya no es propiedad de los Franco, está por decidirse el futuro del inmueble. La Xunta quiere convertirlo en un centro de tributo a Emilia Pardo Bazán, de la que en 2021 se cumplen cien años de su muerte y que tuvo el pazo como su casa. En cambio, el Gobierno pretende ligar el edificio a sus proyectos de Memoria Histórica.