Los Franco se querellarán contra Sánchez por profanación si incumple la ley

La Fundación Francisco Franco se querellará contra Pedro Sánchez por profanación si incumple la ley. El presidente del Gobierno insiste en su plan de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y la contestación llega en forma jurídica. Y es que, el Gobierno “debe respetar los trámites legales blindados por Ley Orgánica. Si hace uso de un decreto, la forma jurídica será inferior y, por lo tanto, no se tratará de una exhumación sino de una profanación”, señalan desde el entorno de la Fundación Francisco Franco y de la familia.

Esas mismas fuentes remarcan que no es una cuestión de dónde quiere tener el Gobierno al dictador, ni de sus planes mediáticos. Es una cuestión regulada. Y que, en caso de realizar un traslado de los restos mortales sin permiso de la familia, no se trataría en puridad de ninguna exhumación sino de la figura recogida en el Código Penal español en el artículo 526 bajo el nombre de profanación.

En ese artículo se señala que “el que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses”.

La familia entregó un documento notarial al Abad de la Basílica del Valle de los Caídos oponiéndose a la exhumación

Y lo cierto es que la familia de Franco, como adelantó OKDIARIO, ya ha entregado al Abad responsable de la Basílica del Valle de los Caídos un documento notarial donde expresan sin duda alguna su oposición a la exhumación de los restos de Francisco Franco.

La escritura notarial –en la que los siete nietos del dictador han plasmado su rechazo a la exhumación y su negativa a hacerse cargo de los restos de su abuelo en caso de ser sacados del Valle de los Caídos– ya está en manos del Abad del Valle y del resto de personas que podrían tener que encontrarse con la delegación enviada al Valle de los Caídos en el momento de proceder al traslado de los resto mortales de Franco.

El artículo 26.4 del Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid (aprobado mediante el Decreto 124/1997, de 9 de octubre) desarrolla los puntos de la Ley Orgánica y establece que “la autorización de las exhumaciones se solicitará por algún familiar o allegado del difunto, acompañando la partida de defunción literal de los cadáveres cuya exhumación se pretenda”.

Hay que recordar que ya ha habido un primer varapalo judicial a los intentos de sacar restos mortales relacionados con la Guerra Civil y el bando franquista: en concreto, con los restos del general José Sanjurjo, exhumados en 2016 de la cripta en el Monumento a los Caídos de Pamplona (en Navarra) por orden del Ayuntamiento amparándose en las leyes de ‘Memoria Histórica’.

Pese a las pretensiones oficiales, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona dio la razón al recurso planteado por la hija del general, Carlota Sanjurjo Prieto.

Sanjurjo fue uno de los militares más destacados entre los sublevados contra la II República el 18 de julio de 1936. El Ayuntamiento de Pamplona había acordado en noviembre de 2016 la clausura de la cripta situada en el Monumento a los Caídos como lugar de enterramiento. Pero la hija del general recurrió la decisión municipal.

Carlota Sanjurjo sostuvo que no existía un cementerio en la cripta del Monumento a los Caídos, “sino una cripta” de uso privado, propiedad de la Parroquia de Cristo Rey, que alberga un enterramiento, “por lo que la administración no tiene competencia para llevar a cabo la exhumación”.

El Ayuntamiento ordenó la exhumación alegando que existían unos símbolos golpistas que realmente no existían y abusando de su competencia sobre cementerios para un enterramiento en una cripta privada.

El juez tumbó la decisión del Ayuntamiento porque, entre otros motivos, los restos mortales de personas que lucharon en el bando ganador de la guerra, no deben ser confundidos con el hecho de que haya símbolos contrarios a la Ley de Memoria Histórica.

Por el momento, la batalla jurídica sigue. Pero lo cierto es que sin un respaldo legal claro, el traslado de los restos de Franco se convierte en más complejo para el Gobierno.