El fracaso del estado de alarma: 2,2 millones de contagios y 40.880 muertos con el mando único de Sánchez

Pedro Sánchez anunció este martes su intención de poner «punto final» al segundo estado de alarma que impuso el pasado 25 de octubre. El decreto -que expira el próximo 9 de mayo- incluyó medidas muy polémicas, como los cierres perimetrales y el toque de queda. Y lo cierto es que, con el tiempo, la medida excepcional con la que Sánchez se atribuye poderes únicos, se ha demostrado claramente ineficaz: desde ese día, 2,2 millones de personas han contraído el virus y 40.880 han fallecido.

Por el contrario, las medidas del estado de alarma ha tenido un indudable impacto económico. Especialmente en el sector de la hostelería, ya muy golpeado desde el confinamiento estricto. Desde hace semanas, como reveló OKDIARIO, España estaba por debajo del nivel de riesgo que se estableció para tomar medidas excepcionales. Actualmente la incidencia es de 164,71 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Lo exigido es 250.

El estado de alarma no ha evitado ni una segunda ni tampoco una tercera ola, con un fuerte impacto de contagios y mortalidad. La propagación del virus ha sido un hecho pese a las medidas extremas del Gobierno. Las infecciones incluso aumentaron con los cierres perimetrales.

El anuncio de Sánchez ha sido visto por la oposición como de un claro oportunismo político de cara al 4M. El estado de alarma ya suscitó en su día las críticas de otros grupos por su inédita duración de seis meses y el nulo control del Congreso de los Diputados.

A partir de ahora, las comunidades autónomas no tendrán un paraguas jurídico que permita las restricciones. De esta forma, Sánchez sigue reservándose aplicar un nuevo estado de alarma en caso de que los contagios aumenten y las comunidades autónomas se lo reclamen. Lo mismo, en definitiva, que ocurrió el pasado octubre.

Plan ‘B’

El Gobierno lleva meses bloqueando una estrategia alternativa al estado de alarma. En julio, el Partido Popular registró en el Congreso un plan ‘B’ para evitar los poderes excepcionales de Sánchez. Se trata de una reforma de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, y de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 1998.

De esta forma, las comunidades tendrían cobertura legal para establecer medidas sin necesidad de recurrir a la excepcionalidad de la alarma.

El plan central del PP consiste en modificar el artículo tercero de la Ley de 1986, que permita a las autoridades «realizar las acciones preventivas generales» y «adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato».

Esas medidas permitirían, por ejemplo, el «sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; sometimiento a aislamiento y a tratamiento, cuando proceda, a las personas afectadas, así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas».

También se permitiría con la reforma «controlar y limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cuál podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como a derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados como en el número de personas».

Una reforma ágil y sencilla para sortear el embrollo del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, siempre embarradas en el debate partidista. Con ella, se podría confinar determinadas zonas o limitar la movilidad con mayor rapidez y eficacia, siempre bajo la tutela de los tribunales.

«Cogobernanza»

De momento, la única propuesta que reitera Moncloa es la «cogobernanza» con las comunidades autónomas.

«El objetivo del Gobierno es que una vez vencido el plazo del estado de alarma no sea necesario prorrogarlo», señaló Sánchez el martes. Afirmó su intención de «continuar con este mecanismo de cogobernanza». Es decir, que «el Consejo Interterritorial pueda seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya en el país».

Este miércoles la vicepresidenta Carmen Calvo coincidió en que a partir del 10 de mayo la gestión se hará por decisiones «de obligado cumplimiento» del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Calvo considera que este hecho, sumado a las competencias en materia de salud que tienen las comunidades autónomas y la legislación sanitaria vigente, «permite muchas respuestas». Así, rechaza la propuesta del PP.