La Fiscalía seguirá investigando a Juan Carlos I pero valorará «la espontaneidad» de la regularización

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha emitido este viernes un comunicado en el que anuncia que, «tras una reunión mantenida por los fiscales responsables de la investigación, la Fiscalía valorará el alcance de la declaración tributaria presentada por Juan Carlos I de Borbón el pasado 9 de diciembre, su espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de la investigación más amplia que se seguirá llevando a cabo por la Fiscalía del Supremo».

Así, desde la FGE explican que han de valorar ese regularización por valor de más de 1,2 millones, y por la que el emérito ha pagado 678.393,72 euros, antes de proceder a archivar las Diligencias de Investigación Penal que hay abiertas. Pero también, dentro del propio comunicado, se deja entrever que siguen abiertas las otras dos piezas abiertas contra Juan Carlos I: la que afecta a las supuestas comisiones cobradas por el AVE a la Meca y la búsqueda de empresas ‘offshore’ con las que se habría podido canalizar un presunto dinero B.

La pregunta que sigue planeando sobre este procedimiento es el por qué desde la Fiscalía dirigida por Dolores Delgado se informó a Juan Carlos I del hecho que había abierta una investigación contra él por la comisión de un presunto delito fiscal, cuando nunca se informa a los investigados de que tienen unas diligencias informativas previas abiertas. Ejemplo de ello es que a otros imputados como los del caso Taula, o al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, desde Anticorrupción, jamás se les dijo que había unas diliencias abiertas. Es más, todos ellos se enteraron cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ‘reventó’ la operación.

La segunda cuestión es, como ha informado OKDIARIO en exclusiva, saber el por qué desde la Fiscalía General del Estado que dirige la exministra socialista Dolores Delgado no se procedió a presentar una querella contra el monarca cuando los investigadores de las ‘black’ sabían desde el pasado 19 de noviembre que Juan Carlos I pretendía regularizar en Hacienda el dinero defraudado al fisco.

No es delito

Esta tardanza por parte de la Fiscalía General del Estado ha hecho posible que el Rey emérito se acoja a lo establecido en el Artículo 305.4 del Código Penal.

Dicho artículo reza textualmente que «se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».

Y añade: «Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa. La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria».

Origen del dinero

La última cuestión que afecta al posible archivo, pero que no es nada baladí, es encontrar la procedencia del dinero utilizado por el monarca y su familia, pues en la pieza se ha podido constatar que las tarjetas también las utilizaron la reina Sofía, la infanta Elena y sus dos hijos Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, así como algunos de los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

Así, desde el Ministerio Público han de acreditar que, como dice Juan Carlos I, el dinero procedía de una donación por amistad del multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, y que se canalizó a través del coronel Nicolás Murga. El problema para el Rey emérito vendría si se demostrara que Sanginés-Krause no le dio el dinero por ser amigos, sino que en realidad era un testaferro, ya que eso implicaría una imputación por blanqueo de capitales, penada con hasta seis años de prisión, además de los cinco por fraude fiscal, pues la regularización quedaría anulada. Sin embargo, esto último tardará todavía en poder ser comprobado, más aún si finalmente la FGE opta por archivar el fraude.