Fiscalía se opone a la querella por prevaricación admitida contra la Delegada del Gobierno en Madrid

La Fiscalía se opone a la querella por prevaricación contra la Delegada del Gobierno en Madrid. La querella fue interpuesta por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica tras rechazar su solicitud para concentrarse el pasado 13 de julio frente al Congreso de los Diputados en protesta por la nueva Ley de Memoria Histórica, mientras sí autorizaba otra concentración a favor en ese lugar y solo unas horas después.

Con este recurso, interpuesto contra el auto del juzgado de instrucción número 24 de Madrid, la Fiscalía Provincial de Madrid pretende dejar sin efecto la admisión a trámite por parte de dicho juzgado de la querella contra la Delegada del Gobierno, Mercedes González, y su cita para tomarle declaración el próximo 13 de enero de 2023.

Según la Fiscalía, los hechos relatados por los querellantes, “Pretenden encuadrarse en un presunto delito de prevaricación”, que desbordan el  ámbito propio de la jurisdicción penal. Entiende, que  la querella no cumple los presupuestos mínimos para ser considerada delito y por ello, carece de legitimación para iniciar una investigación judicial.

En su recurso la Fiscalía mantiene que la Delegación del Gobierno  no aceptó las pretensiones de los querellantes pero les ofrecía celebrar la concentración en otro lugar próximo «Ubicándose de forma que no se obstaculice en ningún momento el acceso ni el normal funcionamiento de los edificios y establecimientos públicos existentes en la zona. En función de la afluencia de asistentes, y con el fin de que el acto se desarrolle en condiciones de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se habilitarán nuevos espacios o se limitarán los mismos.”. La Fiscalía concluye que “en modo alguno” pueden considerarse las modificaciones, o el diferente trato esgrimido en la querella, como una resolución arbitraria susceptible de constituir un delito de prevaricación administrativa.

Lo cierto es que, la Delegación del Gobierno sí autorizó otra concentración favorable a la Ley de Memoria Histórica del Gobierno el día después y frente al Congreso de los Diputados. Por eso ven un trato diferente a los convocantes de ambas concentraciones por parte de la Delegación del Gobierno en función del signo político de cada uno de los actos. Lo hizo, según los querellantes, «sin base legal alguna» y  limitando de forma ilegal el derecho de reunión de los convocantes contrarios a la Ley de Memoria Histórica.

La Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, denuncia que la nueva Ley de Memoria Histórica ofrece un relato distorsionado de la historia reciente de España que socava la convivencia con un discurso de «buenos y malos» que no atiende a la realidad y favorece la manipulación de la sociedad.