El Gobierno monta un acto sobre «las víctimas de la Transición» tras reescribir la Historia con Bildu

Tras pactar con Bildu la llamada Ley de «Memoria Democrática», el Gobierno cuestiona ahora el relato de la Transición. El viernes, el Congreso acogerá la jornada Víctimas de la Transición y Ley de Memoria Democrática, organizada por Podemos y en la que participa también el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Este acto, que contará con la participación de asociaciones memorialistas y distintos responsables autonómicos en políticas de memoria, pone en el punto de mira la llamada «violencia política» durante uno de los periodos más determinantes y fructíferos para el devenir de España.

El Ejecutivo ya empañó la memoria histórica cuando permitió a los proetarras introducir en la ley una enmienda que obliga a designar, en el plazo de un año, una «comisión técnica» que se encargará de hacer un estudio sobre los «supuestos de vulneración de derechos humanos» a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983», es decir, ya en plena democracia.

Bildu siempre se ha referido a este período histórico como «postfranquismo». Tras el pacto con Sánchez, la portavoz parlamentaria Mertxe Aizpurua no dudó en celebrar la norma porque, con ella, «se ha abierto el camino para poner en jaque el relato de la Transición ejemplar». Aizpurua defendió que la «estructura franquista» siguió más allá de la muerte de Franco. Su objetivo es que la ley se extienda a las supuestas torturas a miembros de ETA y la actuación de los GAL.

La Ley de Memoria Democrática ha sido criticada no sólo por la oposición -el PP ha prometido que la derogará en cuanto gobierne-, sino por los propios dirigentes socialistas. Varias personalidades históricas del PSOE, como el ex presidente del Senado Juan José Laborda y el ex ministro de Sanidad y Defensa Julián García Vargas, firmaron un manifiesto de la Asociación para la defensa de los valores de la Transición en el que acusaban a Sánchez de ir contra «la experiencia histórica» de este periodo y quebrantar «la reconciliación que los españoles quisimos superar» y que «quedó plasmada en la Constitución de 1978».

La jornada que se llevará a cabo en el Congreso ilustra la supuesta violencia durante la Transición con el llamado caso Almería, el proceso en el que se juzgó a varios miembros de la Guardia Civil por la tortura y el asesinato de tres jóvenes en Roquetas de Mar (Almería), en 1981. Estos jóvenes, que viajaban desde Santander para acudir a la comunión de un familiar, fueron detenidos por una patrulla al confundirlos con un comando de ETA. Las familias llevan décadas reivindicando que sean reconocidos como «víctimas del terrorismo de Estado» y un perdón oficial.

A partir de este caso, la jornada -en la que el líder del Partido Comunista, Enrique Santiago, ejerce como moderador- servirá para extender un paño de sombras sobre la Transición. En la mesa redonda Experiencias en políticas públicas de Memoria Democrática participará además Jordi Rabassa, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, que ha defendido la expulsión de la Policía Nacional de la Jefatura de Vía Laietana, una de las pretensiones del independentismo.