Moncloa admite que Sánchez olvida a 49.272 «víctimas de la represión republicana» en la Ley de Memoria

Un recuento extraoficial de Moncloa admite que la «represión republicana» causó al menos 49.272 víctimas. Pese a ello, la llamada Ley de Memoria Democrática ensalza particularmente a los desaparecidos por la persecución franquista.

El documento ha sido entregado por la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática al abogado Guillermo Rocafort, quien reclamó en varias ocasiones al Gobierno la cifra que se maneja sobre «las víctimas de la Guerra Civil que hay en fosas comunes, así como si en esa cifra definitiva se están computando también las víctimas del Frente Popular». Citaba Rocafort, en por ejemplo, la matanza de Paracuellos del Jarama, con más de 5.000 muertos, o «los 700 soldados del Ejército Nacional que están en la fosa de El Espinar (Segovia)».

En su exposición, aludía además a una afirmación de Pedro Sánchez durante el debate del Estado de la Nación, donde aseguró que «en España hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos y que somos, después de Camboya, el país del mundo con más desaparecidos». Una afirmación que nunca ha sido probada. 

De hecho, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, rebajó considerablemente ese dato en octubre, cuando cifró entre 20.000 y 25.000 los cadáveres de la Guerra Civil en fosas comunes.

Ahora, en una respuesta oficial por escrito, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática enmarca las declaraciones de Sánchez en «opiniones políticas» que «no son objeto de transparencia porque en sí mismas no constituyen información pública» recogida por la ley.

A continuación, Presidencia se remite a un cuadro elaborado por el departamento sobre las proyecciones de distintos historiadores en relación con el número de «víctimas de la represión franquista y la represión republicana». Los datos que da por ciertos Moncloa admiten de esta forma 49.272 víctimas provocadas por los republicanos, y otras 130.199 por los franquistas.

13,9 millones

La Ley de Memoria Democrática, aprobada gracias a Bildu, menosprecia sin embargo estos muertos y, en sus referencias a la «represión» únicamente se hace alusión al franquismo. «La ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión», se recoge ya en su exposición de motivos.

En la actualidad, no existe un censo estatal de víctimas consolidado. De hecho, la ley insta a su constitución. Sus fuentes serán archivos, bases de datos documentales, organismos y entidades del sector público institucional, víctimas, organizaciones memorialistas o grupos de investigación universitarios, además de cualquier otra que «cuente con información relevante para el mismo». En ese registro se anotarán «las circunstancias respecto de la represión padecida, del fallecimiento o desaparición, así como el lugar y la fecha en que ocurrieron los hechos, de ser posible, y la fuente de la que procede la información».

En una reciente comparecencia en el Congreso, el secretario de Estado de Memoria Democrática afirmó que «en legislatura y media» (seis años) se pueden haber exhumado todas las fosas comunes que hay en España y haberse recuperado restos de entre 20.000 y 25.000 víctimas para que puedan ser entregados a sus familiares.

El dato contrasta, en cambio, con la lenta ejecución de estos trabajos pese a los fondos destinados.  Según los datos del Gobierno, se han exhumado unas 500 fosas y unos «12.000 y pico cadáveres», que ahora se están estudiando. Los Presupuestos Generales del Estado recogen una partida de 6,3 millones para las exhumaciones, aunque el departamento contará con 13,95 millones para desarrollar la Ley de Memoria Democrática. Entre las actuaciones figuran, por ejemplo, la creación de un banco nacional de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura o la retirada de símbolos franquistas. También se prevé la «resignificación» del Valle de los Caídos, para lo que se lanzará un «concurso internacional de ideas», o la creación de un Centro Estatal de Memoria Democrática.