Feijóo promueve reformar la ley para impedir simbología separatista y proetarra en espacios públicos

El PP de Alberto Núñez Feijóo considera primordial «asegurar la neutralidad política de las instituciones» y está dispuesto a reformar la ley para impedir que los separatistas catalanes y los proetarras quebranten dicha neutralidad con simbología excluyente, tanto en edificios públicos como en las calles.

Así aparece reflejado en el programa marco del PP para las elecciones autonómicas y municipales del 28M, que será presentado por el propio Feijóo este domingo en Guadalajara y al que ha tenido acceso OKDIARIO. En concreto, el texto recoge el compromiso de los populares de «promover cuantas medidas sean necesarias para garantizar la regeneración institucional y la gobernabilidad, evitando los usos partidistas que desembocan en el deterioro progresivo de nuestra convivencia».

Es aquí, con la vista puesta al mismo tiempo en las elecciones generales de finales de año, donde el partido de Feijóo ya avanza que acometerá «las reformas legislativas necesarias que permitan evitar que cualquier partido gobernante se apropie del espacio público y lo instrumentalice para usos partidistas, en lugar de ponerlo al servicio del interés general».

Cabe recordar que una iniciativa similar fue la primera proposición de ley (llamada de Defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales) que llevó el PP de Pablo Casado al Congreso de los Diputados tras asumir el poder del partido en 2018.

Aquella proposición de ley pretendía garantizar la neutralidad de los espacios públicos, tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, así como sancionar a cargos públicos y funcionarios por llevar puesto, colocar o incluso no retirar lazos amarillos, esteladas y otros símbolos partidistas considerados ofensivos.

La iniciativa, que fue rechazada por 161 votos a favor y 180 en contra gracias a la suma del PSOE, Podemos y los grupos independentistas, planteaba aplica el régimen sancionador de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que incluye la posibilidad de perder la indemnización y, en los casos más graves, hasta el cese del cargo público y la prohibición de ocupar otro puesto durante años. En cuanto a los funcionarios y empleados de todas las administraciones, el texto establecía que se les aplicaría el Estatuto de la Función Pública, dejando al margen a los parlamentarios.

«Seguridad jurídica»

De otro lado, aunque sin salir del ámbito legislativo, el programa marco del PP para el 28M define la «seguridad jurídica» como un «activo imprescindible» y anticipa que sus representantes «promoverán mejoras de la calidad normativa y legislativa, atendiendo a la adecuada intervención de los órganos consultivos y a la elaboración rigurosa de expedientes debidamente informados, con sus memorias económicas».

Ahí están los impuestos a la banca y las eléctricas, aprobados sin escuchar a los órganos consultivos, o los casos de leyes chapuza aprobadas por el Gobierno de PSOE-Podemos como la ley del sólo sí es sí, que ha provocado ya más de 750 rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales, violadores y pederastas.

«Un Gobierno que minusvalora o desprecia la seguridad jurídica es un gobierno errático, que genera dudas y desconfianza. Ninguna economía ni sociedad se sostienen sin seguridad jurídica, por lo que velaremos por ella en todas nuestras decisiones, con pleno respeto a la libertad de empresa y a la generación de un contexto de estabilidad, certidumbre y confianza para todos los ciudadanos», sentencian los populares.