Una ex trabajadora de una empresa implicada en el caso ERE: «Griñán lo sabía todo»

Antonio Jesús Mena Calvente, quien fuera director del Área de Planificación y Seguimiento en la Consejería de Presidencia entre los años 2003 y 2008, ha negado este martes que desde el gabinete de Presidencia de Manuel Chaves se pidiera solucionar la «problemática» de los trabajadores de Bilore antes de una visita del ex presidente andaluz a la empresa. Otra testigo afirma también que el ex presidente José Antonio Giñán «lo sabía todo».

Este miércoles ha tenido lugar la declaración de Mena como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

El Ministerio Fiscal ha preguntado a Mena por un fax que remitió el 12 de febrero de 2004 al jefe de gabinete de la Consejería de Empleo, Carlos Márquez, en el adjuntaba una carta entregada por los trabajadores de Bilore, que cerró a finales de 2003, a Chaves durante una visita a Osuna (Sevilla) días antes de la fecha del fax. En el fax, Mena le indica a Márquez que «en fecha próxima se visitará -por Chaves- la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer» -en Osuna-.

En su declaración como testigo ante la Guardia Civil en junio de 2012, Mena dijo que «en absoluto» puede entenderse el fax como una orden directa a la Consejería de Empleo. Este miércoles, en la sesión número 58 del juicio por el procedimiento específico de los ERE, el testigo ha señalado que «no se decía haga usted esto», sino que es «una expresión genérica», como la «coletilla» usada en otros documentos de «por indicación del Excelentísimo Señor Presidente…».

Cabe recordar que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, encausado en este juicio, declaró ante la Juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en marzo de 2012, que recibió un documento escrito del «Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves» donde se le decía que «solucionara sí o sí lo de Bilore, porque al día siguiente Chaves iba a un acto político».

Mena Calvente ha explicado que en la carta que los trabajadores de Bilore le entregan a Chaves se apunta que Guerrero ha tenido varias reuniones con la empresa y que querían que el ex director general de Trabajo le explicará el contenido de las mismas, pidiendo al expresidente andaluz que intermediara.

El testigo ha señalado que su labor en la Consejería de Presidencia se centraba en atención al ciudadano, remitiendo al departamento que correspondiera en función de la materia las cartas que los ciudadanos enviaban a la Junta.

Ex trabajadores

Precisamente, durante la sesión de este miércoles han declarado como testigos dos ex trabajadores de Bilore. En primer lugar, Francisco León ha explicado que, tras el cierre de la empresa a finales de 2003, un grupo de trabajadores, en torno a cinco, se constituyeron como cooperativa para intentar continuar con la actividad de la misma.

Para ello mantuvieron reuniones con Guerrero con el fin de recibir ayuda, buscando, incluso, la colaboración con empresarios que pudieran asumir a los trabajadores que se habían quedado sin empleo, «51 al cierre de la empresa».

Al ex presidente Chaves, en su visita a Lucena junto con José Antonio Griñán y Antonio Fernández, según ha declarado otro testigo, le pidieron en una reunión «en un paseo lo mismo», ayuda para «reflotar» la empresa, «sólo queríamos trabajar».

Como consecuencia de no poder llevar a cabo su propuesta de reflotar la empresa, en 2007 los cinco trabajadores pidieron ayuda a Guerrero, que le dijo que «se podía intentar prejubilarlos» y «nos pidió la vida laboral».

El ex directivo de la mediadora Vitalia Jesús Bordallo «nos llevó todos los papeles a Lucena» para que nosotros firmáramos. «Vino de parte de Guerrero», ha afirmado el testigo, que ha señalado que recibía, tras la prejubilación, una cantidad mensual, así como ellos «no» eligieron la compañía de seguro con la que suscribieron la póliza para el cobro de la prejubilación.

Tras concluir Francisco León, ha sido el turno de su compañero en Bilore Juan Antonio Peñalver Onieva. Como el primero, Peñalver ha señalado que mantuvieron reuniones con Guerrero para «echar a andar la fábrica, pero no hicieron nada».

Con el cierre de la empresa no recibieron indemnizaciones, por lo que acudieron al Fondo de Garantía Social (Fogasa). Más tarde, los mayores de 55 años, entre los que se encontraba este testigo, entraron a formar parte de un plan de prejubilación que «movió el sindicato UGT» para diez trabajadores, con el requisito de devolver el dinero recibido desde el Fogasa.

Según Peñalver Onieva, él firmó «un convenio de prejubilación» en diciembre de 2004, a pagar con fondos estatales, suscribiendo una póliza con Banco Vitalicio, tras hacer UGT «todas las gestiones», recordando que ellos no eligieron la aseguradora, «no sé quién lo hizo».

Con anterioridad, la Sala ha escuchado las declaraciones como testigo de Manuela Hurtado Navarro, ex trabajadora de Surcolor e incluida en un ERE, quien ya prestó declaración en fase de instrucción y aportó documentación de los escritos que había enviado trasladando su situación a la Junta o al Defensor del Pueblo, así como las respuestas recibidas.

A ella y a 23 compañeros «nos propusieron que sí o sí nos tenían que despedir», a la llegada de un nuevo dueño a la empresa Antonio Manuel Bustamante León. En 2006 salió de la empresa en un ERE, reconociendo posteriormente el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) que los despidos eran «improcedente».

Tras esto, firmó una «póliza» para el pago de indemnizaciones por el despido, por la que se le reconoce 56.000 euros, unos 52.000 euros de la póliza y unos 1.600 del finiquito. En este sentido, ha señalado que en el «proceso de su jubilación» participó el nuevo dueño de la empresa, el ex directivo de Vitalia Jesús Bordallo y un representante de CCOO.

Nadie le dijo, según ha asegurado, que el dinero de la póliza la pagaría la Junta, sino que se entera de «todo» cuando se pone en contacto con Juan Ignacio Zoido, por entonces en el Ayuntamiento de Sevilla, por los impagos que sufre y en la respuesta le explican la situación en la que está inmersa.

«Griñán lo sabía todo»

Hurtado Navarro se puso en contacto en 2010, a través de cartas, con el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, el exdirigente de IU Diego Valderas o el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, a Susana Díaz o al Defensor del Pueblo Andaluz, quien le contestó que «era un problema de extrabajadores». Griñán, según la testigo, le respondió que «tenía la agenda muy apretada y no nos podía atender», pero, ha afirmado, que el ex presidente «lo sabía todo, todo, todo».

Valderas, por su parte, le trasladó que haría llegar la carta a otro departamento. Más tarde, Manuela Hurtado logró reunirse con Rivera, quien inicialmente también estuviera encausado en este procedimiento, pero le dijo que «el proceso era complejo, pero que nos iba a pagar». Según ha manifestado, la palabra «Junta» era «prohibida» para los sindicatos, que me crucificaron por moverme y porque no les interesaba que denunciara», ha añadido.

«Jamás imaginé esto»

La testigo, antes de concluir, ha expresado que en 2006 se vio «en una condiciones que consideraba legales, jamás me imaginé que iba a estar en un proceso de ilegalidad. Lo que yo he sufrido durante doce años con los ERE…, he sido una trabajadora honrada».

«Si yo llego a saber todo esto lo denuncio desde primera hora. Me he encontrado muchas barreras porque los sindicatos no querían que me moviera», ha concluido.