El ex jefe de ETA Josu Ternera contrata al abogado de Puigdemont para intentar no ser juzgado en España

El sanguinario dirigente de ETA Josu Ternera lleva dos años detenido en Francia a la espera de ser deportado a España para ser juzgado por el atentado a la casa cuartel de Zaragoza en el que murieron 11 personas. Dos años en los que el sanguinario terrorista lleva haciendo todo lo legalmente posible para marear la perdiz y no regresar a España para ser juzgado por uno de los más terribles atentados de la historia del terrorismo de ETA en nuestro país. El 11 de diciembre de 1987 un coche con 250 kilos de amonal fue explosionado a las puertas de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza matando a 11 personas, cinco eran niños, e hiriendo a 88 personas. La investigación demostró la relación directa de Ternera con el atentado y en noviembre del año 2003 acabó siendo imputado como presunto responsable de las consecuencias del mismo.

Sin embargo, Ternera escapó de la acción de la Justicia justo antes de ser detenido y permaneció en paradero desconocido durante 16 años. En ese tiempo hasta el Gobierno de Estados Unidos lo incluyó en sus listados de peligrosos terroristas congelando cualquier activo que pudiera tener allí por suponer un peligro potencial para el país en caso de visitarlo. La fuga de Ternera acabó en mayo de 2019 en Francia. Los servicios de Inteligencia españoles y franceses detectaron al terrorista cuando afectado por una grave enfermedad, un cáncer de estómago, tuvo que empezar a salir de su escondite para recibir tratamiento médico. Tras una labor de sigilosa vigilancia y al poder constatar sus rutinarias visitas el fugado pudo ser detenido en el aparcamiento de la clínica a la que acudía de manera regular.

Pero una cosa era detener a Ternera y otra traerlo a España para que fuera juzgado y desde el primer momento tanto el ex dirigente de ETA como sus abogados hicieron todo lo posible para evitar o por lo menos retrasar su entrega a la Justicia española. El terrorista sabe de sobra que regresar a España para enfrentarse a gravísimos cargos por terrorismo en su estado de salud actual es lo mismo que acabar sus días en prisión.

Tras varias dilaciones procesales la última y más llamativas de sus maniobras se produjo el pasado 24 de febrero. Ese día la representación legal de Josu Ternera comunicaba la renuncia a su defensa si argumentar motivo alguno, pero es que lo hacía además dándose de baja en el colegio de abogados de Vizcaya. Y no sólo no dejaba resquicio a averiguar si su renuncia escondía un motivo espurio ya que en su escrito tampoco daba razón de qué abogado iba a atender las necesidades legales de Josu Ternera a partir de ahora.

Boye, condenado por secuestro

Ante esta maniobra presuntamente dilatoria Jorge Piedrafita, abogado de dos supervivientes del atentado y de la asociación de Guardias Civiles que se personó en la causa como acusación popular, solicitó al juez Ismael Moreno que en tres días Ternera nombrara nuevo abogado o se le designara uno de oficio para no retrasar durante más tiempo su entrega inmediata a España, aceptada por Francia meses atrás, y poder así someterlo a juicio por el terrible atentado. Los días han ido pasando y hasta el jueves 11 de marzo el jefe de ETA no movió ficha, así que Jorge Piedrafita pidió a Moreno que actuara.

Ante esta maniobra Ternera sorprendió a todos presentando ante los tribunales un documento firmado en París el pasado 28 de febrero pero desconocido hasta ahora: la designación para su defensa de Gonzalo Boye, el mismo abogados que lleva años pleiteando en favor del separatista fugado de la Justicia española Carles Puigdemont y de otros políticos catalanes que se marcharon de España para evitar sentarse en el banquillo de los acusados como sí hicieron los otros protagonistas del conocido como el juicio del Procés.

Si por algo se caracteriza Gonzalo Boye es por su amplio conocimiento de las artimañas legales dirigidas a dilatar procedimientos legales en el extranjero con investigados españoles de por medio. Pero ni de lejos es lo único destacado en su curriculum. Hace sólo unos meses su nombre volvió a los periódicos cuando su despacho profesional fue registrado en el marco de una investigación relacionada con el presunto blanqueo de capitales en un caso relacionado con el narcotraficante Sito Miñanco. Los investigadores creen que parte de su actividad para el narco gallego podría pasar por legalizar los fondos económicos obtenidos del tráfico de estupefacientes. Pero si retrocedemos más en el tiempo nos encontramos con un Gonzalo Boye que fue condenado a 14 años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla. A lo mejor Josu Ternera sí que ha acertado de pleno eligiéndolo como abogado para su defensa.