Europa avisa a Puigdemont: no hay inmunidad con «sospechas de delito» ajenas al cargo de eurodiputado

La intención de Carles Puigdemont, ex presidente catalán fugado en Bruselas, de concurrir a las elecciones al Parlamento europeo para lograr acta de diputado y, en su caso, regresar a Cataluña, alegando «inmunidad» choca con la doctrina parlamentaria en este ámbito.

Puigdemont ha alegado este martes que si dispone del acta dispondría de inmunidad en toda la UE, con lo cual volvería a Cataluña «salvo que el Estado se arriesgue a que le apliquen el artículo de expulsión de la UE» por vulnerar la legislación comunitaria.

Esa intención, en cambio, podría tener escasas expectativas de éxito. Para empezar, por la propia regulación de la inmunidad en la Eurocámara: «La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal de los diputados, sino que garantiza que un diputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecución política arbitraria», se dice en su reglamento. Es decir, afecta al parlamentario en tanto «garantía de la independencia e integridad» de la institución, pero por actividades cometidas durante su mandato como eurodiputado.

En concreto, la inmunidad en Europa se refiere a que «los diputados al Parlamento Europeo no pueden ser investigados, detenidos ni procesados por las opiniones expresadas o los votos por ellos emitidos en calidad de diputados al Parlamento Europeo». En ese caso, no podrían ser detenidos en su territorio nacional, ni procesados.

Sin embargo, se añade: «La inmunidad no puede invocarse en caso de que un diputado haya cometido un delito o las autoridades judiciales competentes alberguen sospechas al respecto». 

Sin inmunidad

El Parlamento Europeo es también garantista en lo relativo a la acción que, en su caso, puedan ejercer las correspondientes autoridades nacionales.

Así, España podría solicitar a las autoridades comunitarias la suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont y se iniciaría el siguiente procedimiento: «El presidente del Parlamento comunicará en sesión plenaria que ha recibido el suplicatorio correspondiente y lo remitirá a la comisión parlamentaria competente para el fondo, que es la Comisión de Asuntos Jurídicos».

A continuación, «la comisión podrá pedir toda información o explicación que estime necesaria. Asimismo, el diputado en cuestión tendrá la oportunidad de ser oído y podrá presentar los documentos o cualquier otra prueba escrita que procedan».

«A puerta cerrada, la comisión aprobará un documento en el que recomendará al Parlamento como institución que apruebe o desestime el suplicatorio, es decir, que suspenda o mantenga la inmunidad del diputado en cuestión. Durante la sesión plenaria subsiguiente a la decisión de la comisión, el Parlamento tomará una decisión por mayoría simple. Tras someterse la cuestión a votación, el presidente comunicará de inmediato la decisión del Parlamento al diputado interesado, así como a las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión».

Perder el escaño

Aunque la inmunidad se suspenda, el eurodiputado, eso sí, mantendrá su acta como diputado. «La suspensión de la inmunidad permite a las autoridades judiciales nacionales proceder a la investigación o el juicio», se señala.

Si el diputado es declarado culpable de un delito penal, las autoridades del Estado miembro, en este caso españolas, podrían «decidir que pierda su escaño».

Le Pen y Ruiz-Mateos

Existen precedentes en el Parlamento europeo de pérdida de inmunidad. Fue el caso, por ejemplo, de la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, a quien se le retiró en 2017 por haber colgado en Twitter imágenes del Estado Islámico de extrema violencia. Entre ellas, la de la decapitación del periodista estadounidense James Foley. La Eurocámara le retiró esta prerrogativa tras solicitarlo las autoridades francesas, que habían abierto una investigación contra ella por la publicación de imágenes violentas.

En 1991, la Eurocámara aprobó también levantar la inmunidad parlamentaria a José María Ruiz-Mateos, ex presidente de Rumasa, permitiendo así que fuese juzgado, tras requerir España un suplicatorio. La Comisión de Reglamento fue rotunda en favor de la suspensión, ya que los delitos que se le imputaban resultaban «ajenos al ejercicio de una actividad política relacionada con su mandato de eurodiputado».