Escándalo en Podemos

La escolta de Irene Montero reclama a su ex jefa en el juzgado 30.000 € de horas extras no abonadas

La trabajadora pide una indemnización adicional de 6.000 euros por los “daños y perjuicios ocasionados" tras "la vulneración de sus derechos fundamentales" por el trato laboral "discriminatorio" recibido de Irene Montero.

Una escolta denuncia que Irene Montero le obligaba a hacer de recadera, mecánica y chófer de la familia

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Un total de 30.570,92 euros por “horas extraordinarias no abonadas” y otros 2.100,65 euros en concepto de “horas nocturnas” es el importe que la escolta de Irene Montero reclama a Podemos por los servicios prestados fuera de su horario laboral y que no ha cobrado hasta la fecha.

Según los cuadrantes que la trabajadora aporta como prueba en la demanda presentada ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid -procedimiento número 917/2019- durante el tiempo en el que estuvo al servicio de Irene Montero, realizó más de 675 horas entre las 22:00 de la noche y las 06:00 de la mañana y casi 2.000 horas extra sin remunerar.

La ley obliga a los empleadores al pago efectivo de todas aquellas horas de trabajo “que se realicen” por encima “de la duración máxima de la jornada ordinaria” y que deberán ser compensadas bien de manera económica o bien por descansos de la misma duración. Algo que la escolta de Montero asegura que en su caso no se cumplió.

La escolta de Irene Montero reclama a su ex jefa en el juzgado 30.000 € de horas extras no abonadas

El importe a recibir por cada hora extraordinaria no podrá ser nunca “inferior al valor de la hora ordinaria”. En el caso de los pluses de nocturnidad mejoran en un 20% el precio de la hora estándar. Sin embargo, Podemos liquidó el contrato de la trabajadora atendiendo únicamente al desglose de su nómina mensual, sin tener en cuenta los excesos de sus jornadas y aplicando la normativa laboral que en su programa político proponen derogar.La escolta de Irene Montero reclama a su ex jefa en el juzgado 30.000 € de horas extras no abonadas

Sin aviso previo 

La formación liderada por Pablo Iglesias e Irene Montero notificó el despido a su trabajadora el pasado día 28 de junio, sin previo aviso.

Podemos alegó algunas de las causas objetivas que recoge el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores. Aseguraban que la decisión de amortizar su puesto de trabajo se debía a motivos económicos y causas organizativas del partido.

Tras los pésimos resultados cosechados en las elecciones generales del 28-A, y las municipales y autonómicas del 26-M, la formación morada se vio obligada a reorganizar «los puestos de trabajo» para un mejor aprovechamiento de los escasos recursos” con los que decía contar, «en un marco de reducción de costes”.

La escolta de Irene Montero reclama a su ex jefa en el juzgado 30.000 € de horas extras no abonadas

La escolta recibió dos pagos: 4.405 euros -en concepto de salario base del mes de junio, la parte proporcional de la paga de verano correspondiente, las vacaciones no disfrutadas y la indemnización por falta de preaviso- y 5.102,61 de indemnización por despido procedente.

Cantidades con las que la trabajadora “manifiesta su disconformidad” y que “debieron ascender a 6.911,81 euros”, en el primero de los casos, y otros 5.977,38 euros “en concepto de liquidación de haberes”, sostiene en su demanda.

El partido morado aplicó a la ex escolta de Montero la indemnización legal mínima: 20 días de salario por año trabajado -en lugar de los 33 que corresponden a un despido improcedente- pese a que las propuestas electorales de Podemos piden derogarla por insuficiente.

Indemnización

La escolta de Irene Montero pide al juzgado que, además de su readmisión inmediata en el puesto de trabajo y el pago de los “salarios dejados de percibir desde el 28 de junio», se le reconozca una indemnización adicional de 6.000 euros por los “daños y perjuicios ocasionados» tras «la vulneración de sus derechos fundamentales» por parte de la portavoz  parlamentaria de Podemos.

La trabajadora ha denunciado que la líder de la formación morada la obligó “de manera recurrente”, y fuera de su horario, a hacer de recadera para ella y sus hijos, llevar y traer a amigos y familiares hasta el casoplón de Galapagar o encargarse del mantenimiento de la vivienda y la mecánica de los vehículos particulares de la pareja.

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