ERC presiona a Sánchez para «indemnizar» a terroristas del FRAP con la Ley de Memoria Histórica

El grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición de ley con el objetivo de modificar la Ley de Memoria Histórica de 52/2007 para que, entre otras medidas, se incluya un «reconocimiento a la labor de las organizaciones armadas antifranquistas en contra de la dictadura y a favor de la restauración de la legalidad democrática» como los ‘maquis’ o el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).

La iniciativa ha sido presentada por los republicanos a modo de enmienda a la reforma de la Ley de Memoria Histórica —aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero— que ahora tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, la proposición de los indepententistas, aliados del PSOE en el Congreso tras la moción de censura, plantea introducir un artículo 10 bis titulado «Reconocimiento de la lucha armada antifranquista». En este nuevo precepto, además de ello, plantean que «se establezca reglamentariamente un procedimiento para que se reconozca jurídica y moralmente a todas las personas que formaron parte de las distintas organizaciones armadas antifranquistas».

En esta línea, ERC exige además al Gobierno socialista que recurra a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para otorgar a estos grupos terroristas «la indemnización económica y los beneficios sociales que les correspondan de acuerdo con las cuantías y compatibilidades establecidas en los artículos 3 y 4 de la Ley 3/2005, de 18 de marzo».

Esas indemnizaciones son unas prestaciones económicas aprobadas también por el Ejecutivo de Zapatero para aquellos «ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil». De esta manera, más de 500 ‘niños de la guerra’ pasaron de recibir 1.400 euros asistenciales al año a una pensión de 6.090 euros.

En la actualidad, más de 31.000 españoles perciben algún tipo de prestación derivada de la Guerra Civil, pero en ningún caso por haber pertenecido a «organizaciones armadas antifranquistas» como el FRAP, que es la nueva prebenda que los secesionistas reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez para que la introduzcan en su revisión de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Precisamente, ERC votó en contra de aquella norma por considerarla insuficiente, «muy lejos» de sus exigencias.

Dos vetos del Gobierno de PP

En la actual legislatura, el anterior Gobierno del PP ya vetó en dos ocasiones la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de ERC redactada en idénticos términos, utilizando la potestad que le reconoce la Constitución para impedir la tramitación de iniciativas cuya aprobación impliquen una reducción de ingresos o un incremento de gastos ya presupuestados.

En este caso, el grupo de Joan Tardà y Gabriel Rufián pedía ampliar las indemnizaciones a las víctimas del franquismo, «135.000 euros para todos los fallecidos por la represión franquista hasta el 27 de diciembre de 1978». Según esgrimió el Gobierno de Mariano Rajoy, aumentar a esta cantidad las prestaciones que ya reciben 31.656 españoles como consecuencia de la Guerra Civil supondría para las arcas públicas un gasto inasumible de 4.273,56 millones de euros.