ERC planea una ofensiva «social y mediática» para la negociación del referéndum con Sánchez

El separatismo pretende acompañar la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez de una ofensiva de movilización en la calle y también a través de los medios de comunicación y las instituciones para demostrar su fortaleza ante el Estado. Unos planes que se recogen en la hoja de ruta de ERC y que contradicen el supuesto rechazo de Oriol Junqueras a la vía unilateral. Los republicanos despliegan sus ambiciones tanto en su ponencia política, aprobada en 2019, como en su último programa electoral, de hace apenas cuatro meses.

En ese documento, el partido de Junqueras abunda en sus críticas al Estado y señala la necesidad de una movilización de la calle para lograr sus fines de independencia.

«La fuerza de la gente y el desbordamiento popular es una de las fortalezas que tenemos como movimiento independentista», se apunta. En este contexto, se señala que «el 1 de octubre demostró que la gente organizada, en una masa crítica suficiente, es capaz de resistir pacíficamente ante un ejército de uniformados». «Es un aprendizaje para el futuro: una movilización popular de estas características desborda cualquier cuerpo policial o uniformado y reduce mucho la capacidad coercitiva del Estado», recogen los republicanos, que se sentarán en la mesa de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por otro lado, admiten que para «ganar» se deben mejorar algunos aspectos, como «superar las debilidades territoriales del independentismo, especialmente en área metropolitanas», así como en «ámbitos estratégicos» como «el sindicalismo, los sectores económicos y el universo mediático de las cadenas españolas, que es muy beligerante», concluyen.

«Es aquí donde necesitamos trabajar para explicar que lo que queremos es construir una nueva República», avisan.

En este contexto, exponen su intención de «forzar al Estado español a resolver democráticamente el conflicto político y aceptar la amnistía y el referéndum como únicas vías para resolverlo». Y advierten que si «la negativa del Estado perdura en el tiempo puede desembocar en una acción unilateral del independentismo».

«La unilateralidad es viable y tiene sentido en la medida en que la hacen posible la voluntad, la determinación y una fuerza imbatible por su compromiso», añaden. «No podemos renunciar, porque renunciar, teniendo en cuenta cómo es España, sería lo mismo que renunciar a la independencia». «Es por ello que nos hemos de preparar en todos los ámbitos», señalan.

Referéndum al límite

El Gobierno, como publica OKDIARIO, está dispuesto a negociar un referéndum para Cataluña con un encaje al límite constitucional.

La fórmula sobre la que se trabaja pasa por un mecanismo de ratificación popular de los acuerdos de la Mesa de Pedralbes -el foro bilateral de negociación entre Moncloa y Generalitat para definir los avances hacia el separatismo en Cataluña.

De hecho, el propio documento pactado entre Sánchez y los independentistas, en el que se plasmaban los términos de la «mesa de diálogo», obliga a la “legitimidad de todas las
partes y propuestas” sin “más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”.

Pero también recoge un compromiso velado a celebrar un referéndum: “En este espacio deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana. En este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña”.

El documento incluso señalaba la posibilidad de que esa votación se celebrase “de acuerdo con los mecanismos previstos” o con los “que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”.

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, reconoció el pasado lunes que le gustaría que en la mesa se pueda hablar de todo y que hubiera «un acuerdo sobre un autogobierno más sólido y una financiación más justa que tome la forma de Estatut» y que pueda votarse en un referéndum.