El Gobierno planea ya un referéndum en Cataluña bajo el pretexto de ratificar los acuerdos de Pedralbes

El Gobierno no se cierra en banda a realizar un referéndum en Cataluña. La barrera es la Constitución: la Carta Magna prohíbe expresamente una votación vinculante que cuestione la unidad de España. Los equipos jurídicos de Moncloa trabajan ya, sin embargo, en un mecanismo que llegue al límite constitucional. La fórmula sobre la que se trabaja pasa por un mecanismo de ratificación popular de los acuerdos de la Mesa de Pedralbes -el foro bilateral de negociación entre Moncloa y Generalitat para definir los avances hacia el separatismo en Cataluña-.

De esa forma, defienden los impulsores de esta idea, no se trataría de una votación vinculante, tampoco tendría capacidad para contradecir la Constitución, pero podría recoger términos admisibles para los separatistas. Todo ello, eso sí, queda muy lejos de las aspiraciones puramente rupturistas y soberanistas de Junts, ERC y CUP.

La idea fue ya barajada a principios de 2020. Y partió, de hecho, de los contactos en esta Mesa de Pedralbes. En aquella ocasión, el Gobierno de Pedro Sánchez definió y aceptó, tras mes y medio de conversaciones entre los equipos del PSOE y Esquerra Republicana, comandados por Pedro Sánchez y Pere Aragonès, las pautas de un acuerdo para “la resolución del conflicto político” en Cataluña.

En esa acuerdo, plasmado en folio y medio, se recogían los siguientes puntos:

En primer lugar, la creación de la mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político.

En segundo lugar, la aceptación de la “legitimidad de todas las
partes y propuestas” sin “más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”.

Además, se asumió un “diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas. Todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Cataluña. Y se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta”.

Por último, el documento se comprometía a celebrar un referéndum camuflado: “En este espacio deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana. En este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña”.

Es más, el documento asumía ya la posibilidad forzar el límite legal de ese referéndum y señalaba que esa votación se haría “de acuerdo con los mecanismos previstos” o con los “que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”.

Traducido: que el referéndum podrá ir más allá de lo asumido hasta el momento.

El líder del PSC en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa, de hecho, daba el pasado jueves alas al separatismo catalán al mostrarse partidario de realizar un referéndum en la región sobre «el marco de convivencia». Esta consulta tendría que abordarse, a su juicio, en una mesa en la que estuvieran presentes los partidos con representación en el Parlament: PSC, ERC, JxCAT, Vox, CUP, En Comú Podem, Ciudadanos y PP. «Siempre que no sea para votar sobre la autodeterminación», recalcó.

«Si es un referéndum para votar un acuerdo, estamos de acuerdo. Si es un referéndum de autodeterminación, es decir, sometemos a consideración de la ciudadanía una ruptura, nosotros no estamos de acuerdo. Un referéndum de autodeterminación no tiene cabida en nuestro ordenamiento y nosotros no lo vamos a apoyar», defiende Illa.

El ex ministro de Sanidad añade que «hay parte del independentismo que no tiene el coraje de reconocer que los últimos diez años han sido diez años malos, y que un factor importante ha sido alterar unilateralmente el marco de convivencia». «Mientras que otra parte sí lo ha aceptado y ahora va en la dirección correcta», concluye.