El sistema de comunicación electrónica LexNET se convierte en la pesadilla judicial

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, durante su reunión con las asociaciones de jueces y fiscales (Foto:EFE)
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Era uno de los buques insignia del actual ministro de Justicia en Funciones, Rafael Catalá, para esta legislatura: el sistema de comunicación electrónica LexNET. Un sistema cuyo objetivo es eliminar el papel en la administración de Justicia, agilizar los trámites y reducir los tiempos. Sin embargo, la realidad en estos momentos es bien distinta y los detractores sobre su forma de implantación han aflorado en las últimas semanas.

El pasado 1 de enero de 2016, LexNET echaba a andar en las Comunidades Autónomas sin competencias en materia de Justicia o en aquellas que lo habían solicitado, es decir, se comenzaba a utilizar de forma desigual en las regiones españolas. El uso es obligatorio por Ley para abogados, procuradores, juzgados y fiscalías. Apenas dos meses después, las críticas al sistema se han sucedido. Sin ir más lejos, la Fiscalía General del Estado que encabeza Consuelo Madrigal en un informe interno criticaba la «ineficiencia, retraso e inseguridad» del sistema.

«Dificultades para abrir documentos, remisiones a juzgados erróneos, ralentización de notificaciones y dificultad de presentación de demandas con varios demandados» son algunas de las pegas encontradas por los máximos representantes de los tribunales madrileños reunidos este lunes en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No obstante, valoran con optimismo los avances en su implantación. Mientras, el Decanato de los Juzgados de Madrid ha ampliado hasta el 31 de marzo la prórroga para que los juzgados madrileños puedan recibir escritos por vía telemática utilizando el sistema LexNET, y también en papel, ante las dificultades constatadas.

El Consejo General de Abogacía Española apunta en un comunicado otras deficiencias para implantar el sistema como la «falta de inversión en medios tecnológicos, en personal y en la  formación de los colectivos de la Administración de Justicia». También señalan las dificultades de operatividad entre los diferentes sistemas informáticos de las Comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia.

Catalá dice que LexNET «funciona»

Ante la polémica suscitada con LexNET, el ministro de Justicia en funciones aclaraba cualquier serie de dudas: «No tienen sentido moratorias ni parones en el proceso, sino continuar sabiendo que el sistema tiene problemas y dedicando recursos, personas y presupuestos por nuestra parte y por parte de las comunidades autónomas para que el sistema funcione, porque el sistema funciona», ha explicado Rafael Catalá.

Tras reunirse con los representantes de las principales asociaciones de jueces y fiscales, Catalá ha reconocido la «sobrecarga» y «lentitud» del sistema en determinados juzgados y provincias.  Sin embargo, aclaraba que su obligación no es otra que «seguir empujando ayudando a resolver los problemas», porque la digitalización es «un camino sin retorno».

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