La defensa de Rosell estudiará pedir responsabilidades por tenerlo 22 meses en prisión

Sandro Rosell ha sido exonerado de las acusaciones de blanqueo y después de haber pasado 22 meses en prisión preventiva. Su abogado, Pau Molins, ha declarado este miércoles que «ha llegado el momento de repensar la figura de la prisión preventiva».

En rueda de prensa junto los abogados Andrés Maluenda y Beatriz Goena, Molins ha dicho que puede haber medidas menos gravosas que la prisión preventiva pero con las mismas finalidades, y de momento no exigirán responsabilidades ni compensaciones por los 22 meses de encarcelamiento provisional de Rosell y su socio Joan Besolí: «Es un tema que tendremos que acabar de estudiar».

Ha comentado que al menos tendrán que esperar a que la sentencia sea firme –que transcurran los plazos para recurrirla– y ha insistido en pedir que la Justicia, el legislador y la sociedad se replanteen la normativa de la prisión provisional, que ha afectado a sus clientes «destrozando su vida, destrozando a sus familias, para luego llegar al juicio y absolver».

Ha criticado que el caso del expresidente del Barça es «paradigmático de lo que no tendría que ser un proceso penal», porque afirma que ha estado lleno de irregularidades, y ha reprochado que las investigaciones de Policía Nacional y Guardia Civil no tenían control jurisdiccional.

A pesar de apuntar que vuelve a confiar en la Justicia tras la absolución, ha afirmado que «alguien tendrá que pedir disculpas» por la prisión provisional de Rosell y Besolí desde mayo de 2017, lo que ha calificado de abusivo y desproporcionado.

«Ha existido un clarísimo abuso por parte de la instructora» Carmen Lamela al acordar la prisión provisional, ha considerado, y ha recordado que fue solicitada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ratificada por su Sección Tercera.

Además, ha contrastado este uso de la prisión provisional con el caso de ‘La Manada’, en el que hay gente «en libertad con condena» por delitos contra la libertad sexual, ha manifestado.

«Grado máximo de la inocencia»

Molins ha destacado que la sentencia absolutoria asume todo el relato de los hechos realizado por la defensa, cuya versión «no se ha movido ni un pelo» desde el primer escrito en el que pidieron la libertad de Rosell.

«Dice claramente que no ha habido comisiones ilegales», ni dinero negro, ni delito de blanqueo, ha resaltado el letrado, que cree que han quedado en evidencia tanto la instrucción como la acusación.

Maluenda ha insistido en que la absolución no ha sido por falta de pruebas o porque haya habido nulidades o irregularidades en el procedimiento, sino porque «la tesis que ha presentado Rosell ha quedado probada» más allá de toda sospecha.

Ha considerado que se ha repuesto la inocencia y la «honorabilidad profesional que se le había arrebatado hace dos años» a Rosell, y ha declarado que la sentencia supone el grado máximo de la inocencia, en sus palabras.

Goena ha añadido que en la decisión de la Audiencia Nacional ni se menciona el delito de organización criminal a pesar de que había siete personas acusadas por ello, y ha argumentado estaban «absolutamente desconectadas entre ellas».