C’s no puede frenar al PSOE con la reforma de la Ley del aborto para las jóvenes de 16 y 17 años

El PSOE y Ciudadanos han encontrado sus mayores discrepancias a la hora de alcanzar su acuerdo en temas como el aborto, la maternidad subrogada y la custodia compartida. Ambas formaciones han acordado defender la Ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo pero el Partido Socialista se reserva la posibilidad de impulsar la reforma de la Ley del aborto en relación con las jóvenes de 16 y 17 años.

El PSOE llevaba en su programa electoral preservar la protección y el derecho a decidir sobre su maternidad de las mujeres de 16 y 17 años tal y como estaba previsto en la ley de educación sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo de 2010. Y en este sentido, C’s no ha podido frenar al partido que lidera Pedro Sánchez.

Los socialistas consideran que el ámbito relativo a los derechos sexuales y reproductivos ha sido especialmente castigado por las políticas del Partido Popular, y defienden que las mujeres jóvenes, en situaciones de gran complejidad y dificultad, se pueden ver abocadas a un problema de consecuencias difíciles de medir en el ámbito familiar si comunican su situación o a realizar un aborto clandestino, con el correspondiente riesgo.

Por su parte, Ciudadanos se ha reserva la posibilidad de impulsar la regulación de la maternidad subrogada, así como de la custodia compartida de menores como régimen general en los procedimientos de separación y divorcio.

La formación naranja señala que se trata de «temas sensibles» con diferencias entre los dos partidos, y que han decidido introducir sus posiciones en el documento de forma que quedara claro dónde estaban de acuerdo y dónde no. “Hemos mantenido cada uno nuestra iniciativa sin comprometer la postura del otro”, expresan desde Ciudadanos.

Asimismo, los de Rivera reconocen que estos fueron los últimos temas en cerrarse durante la negociación, en el “último minuto”.

Otras medidas sociales

La medida estrella en el aspecto social del acuerdo entre ambas formaciones es el plan de emergencia social. Un programa de choque dotado de inicio con 7.000 millones de euros para abordar aspectos diversos, como el Ingreso Mínimo Vital para familias sin ningún tipo de ingreso y el Complemento Salarial Garantizado que, si bien era una de las propuestas bandera de Ciudadanos, en el texto final se ha visto algo descafeinado. El pacto prevé su implementación restrictiva de inicio y que se irá extendiendo a lo largo de la legislatura a otros colectivos «a medida que la restricción presupuestaria lo permita».

Otras medidas son la lucha contra la pobreza energética y las medidas contra el sobreendeudamiento y los desahucios. Pero el documento desglosa con todo lujo de detalles lo que llama el Pacto sanitario, donde las propuestas son eminentemente derogatorias de todas las medidas aplicadas en la legislatura popular (como la recuperación de la tarjeta sanitaria universal) y una especie de recentralización de la Sanidad, al menos en lo tocante a la eficiencia (disimulado a partir del epígrafe que habla del refuerzo del papel del Consejo Interterritorial).

Pensiones financiadas con impuestos

Pero lo que más llama la atención es el cuarto punto que desarrolla el apartado del Pacto de Toledo sobre las pensiones. Porque más allá de las buenas intenciones de recuperar el consenso entre las formaciones políticas, ese párrafo introduce una novedad que ya incluía el programa electoral del PSOE, en su página 194: un «modelo de financiación del sistema con ingresos procedentes del sistema tributario».

Ésa es la manera que propone el PSOE, y que ha aceptado Ciudadanos, de luchar contra el déficit de la Seguridad Social: más impuestos.

Lo que no explica el texto es si ese montante presupuestario se detraerá de otras partidas o si parte del incremento de la presión fiscal que prevé el pacto alcanzado por ambas formaciones irá destinado a garantizar el sistema de pensiones.