Salvador Illa desoyó las alertas de su homólogo italiano en una reunión de la UE dos días antes del 8-M

Italia avisó. Pero el Gobierno español ignoró esos avisos. Fue el 6 de marzo, durante una cumbre de los ministros de Sanidad europeos. El titular italiano, Roberto Speranza, relató con detalle, y ante el ministro español Salvador Illa, la dramática situación en su país -entonces con 3.916 casos confirmados y 197 fallecidos- y las drásticas medidas que se habían adoptado para tratar de contener el virus: entre ellas, la cancelación de eventos públicos y otras para «evitar contactos entre personas».

El testimonio de Speranza resultaba especialmente revelador por entonces para un país como España, con 365 contagiados reconocidos y 5 fallecidos.

Ante los responsables de Sanidad europeos, Speranza fue relatando uno por uno todos los escenarios que luego se confirmaron dramáticamente en España. Avisó que la crisis era «una emergencia contra la que solamente podemos luchar a nivel global». «Es un problema gravísimo que nos afecta a todos», advirtió, poniendo a disposición del resto de países toda «la experiencia técnica, científica, organizativa y comunicativa» de Italia, «gracias a la experiencia de las últimas semanas en una situación sanitaria sumamente compleja».

«Medidas inmediatas»

Relató además cómo Italia había «adoptado de inmediato medidas excepcionales y sin precedentes en Europa» con el objetivo de «contener la infección viral» con «restricciones totales de la movilidad» y «recomendaciones de comportamiento individual». «Son medidas destinadas a evitar los contactos personales», añadió.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez seguía infravalorando los riesgos y no adoptó medidas contundentes. Incluso tras aquel cónclave, alentó y participó en las manifestaciones del 8-M en toda España. El 7 de marzo, el portavoz técnico de Sanidad, Fernando Simón, interpretaba que, a la vista de los datos de la epidemia, la situación estaba más controlada porque los nuevos casos tenían relación y «hay zonas en las que la situación está mejorando», añadió incluso. «Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera», explicó, preguntado por la manifestación del día siguiente.

Italia suspendió los actos del 8-M y, más aún, manifestaciones, eventos y espectáculos de «cualquier naturaleza», como cine o teatro, tanto en espacios públicos o privados, que conllevasen una gran afluencia de participantes y no permitiesen una separación de un metro entre las personas. También se ordenó el cierre de escuelas y universidades en todo el país.

En la reunión europea, el dirigente italiano consideró precisa una estrategia complementaria de «contención y la mitigación», lo que suponía elevar la consideración de riesgo, por la «diferente evolución que puede tener la epidemia en distintas zonas geográficas». España, por su parte, no valoró un cambio de escenario hasta después del 8-M, cuando se pasó a una «contención reforzada».

«Estrategia severa»

Ante el ministro Salvador Illa, Speranza avisó que con una «estrategia severa de contención se podrá reducir el impacto en los servicios sanitarios». Especialmente, puso el foco el riesgo de escasez de los equipos de protección y de recursos en  unidades de cuidados intensivos.

En ese contexto, destacó cómo la estrategia debía ir enfocada a «reducir el número de enfermos» para ganar tiempo «para adoptar medidas de gestión o fijar prioridades según la evolución de los riesgos». Además, reclamó una «mayor coordinación europea», con una compra centralizada de material, y un plan de intercambio de información entre todos los países.

El ministro de Sanidad español coincidió con el italiano en la necesidad de esa mayor colaboración europea. Pero, a la vista de lo que luego ocurrió, no tomó nota de la experiencia del país transalpino. Ello, pese a que durante su intervención, Salvador Illa admitió que la situación provocada por el coronavirus era «preocupante», y entrañaba un «riesgo serio» que no se debía «subestimar».

Los avisos en dicha reunión fueron claros. Pero Salvador Illa defendió que «la situación de cada país» ofrecía «particularidades» y por ello, consideraba, debía «respetarse la competencia de cada Estado para poder tomar las decisiones que a nivel nacional se consideren más pertinentes en cada momento».

El ministro de Sanidad avaló la actuación española «en criterios técnicos, el seguimiento permanente de la alerta, la coordinación con todas las comunidades autónomas y la transparencia informativa».

Avisos de la UE 

Cabe recordar que la UE ya venía alertando desde tiempo atrás de la cancelación de eventos como medida para evitar la propagación del virus. Lo hizo, en concreto, como reveló OKDIARIO, en dos ocasiones. La primera, el 10 de febrero.

El documento ‘Pautas para el uso de medidas no farmacéuticas para retrasar y mitigar el impacto del Covid-19’ fue uno de los primeros emitidos por la citada agencia europea, a la que Pedro Sánchez alude, junto a la OMS, para justificar su gestión de la pandemia pese a desoír sus recomendaciones.

En el dossier se explicitaba que «la cancelación de reuniones masivas en la UE puede justificarse en casos excepcionales, por ejemplo, grandes conferencias con un número significativo de participantes en un área altamente afectada». Un escenario que, en aquellos momentos, se correspondería ya con la Comunidad de Madrid.