La condición más dura: una comisión de investigación sobre la financiación del PP

Albert Rivera ha medido con sutileza el anuncio de sus exigencias a Rajoy. Para el principio dejó las más digeribles –fin de aforamientos, expulsión de cargos investigados, una nueva ley electoral– propuestas, al fin y al cabo, prácticamente compartidas en los programas. Pero al final explotó la bomba. Una comisión de investigación expresamente dirigida a la “presunta financiación irregular” del PP, es decir, el caso Bárcenas.

La formación naranja quiere ir más allá de la investigación que se dirime en tribunales y obligar a los implicados por este escándalo a dar explicaciones en sede parlamentaria. Sin excusas. La medida no es una sorpresa viniendo de Ciudadanos, ya que tanto en Madrid como en Andalucía el partido impulsó iniciativas similares una vez firmados los acuerdos con los que sostienen los gobiernos de Cristina Cifuentes y Susana Díaz. La primera, referida a la Púnica. La segunda, a los cursos irregulares de formación para parados con implicaciones sindicales. El partido de Rivera ha hecho precisamente de su lucha contra la corrupción una de sus banderas y ha atribuido a estas comisiones la dimisión de algunos cargos investigados.

Ahora, los de Rivera han decidido pisar a fondo el acelerador de su compromiso por la regeneración y poner a prueba la voluntad real de los populares de asumirlo. La reclamación es, sin duda, la más árida que Ciudadanos podría haber impuesto a Rajoy, en vísperas de su encuentro de este miércoles. Una cita que se presentaba sin aparentes aristas y con los populares dispuestos a «todo» para favorecer el acuerdo. En ese «todo» se incluía una revisión a fondo de posibles puntos de coincidencia para favorecer un pacto «político», más allá de la negociación sobre Presupuestos o techo de gasto, los únicos puntos sobre los que Ciudadanos había accedido a hablar antes de la investidura.

Un otoño complicado

Si desde Ciudadanos se había insistido en que Rajoy no es la persona adecuada para liderar un Gobierno de regeneración, el PP había reclamado también que no se empleasen las causas abiertas como arma para bloquear la formación de Gobierno.

La exigencia de Ciudadanos resucita un tema tabú para el PP y fuerza a Rajoy a encontrarse  en el Congreso con el vapuleo en pleno de la oposición. Justo cuando el PP se prepara para un otoño especialmente delicado. El próximo 4 de octubre darán comienzo las sesiones del juicio sobre las actividades que la trama Gürtel realizó entre 1999 y 2005 contra 39 acusados, entre los que se encuentra el cabecilla de la red, Francisco Correa o el propio Luis Bárcenas. El partido está además sentado en el banquillo por estimar la juez que se han podido destruir pruebas informáticas alojadas en dos ordenadores que utilizaba el ex tesorero.

Hasta ahora, el PP había logrado frenar las peticiones de la oposición para que Rajoy diese cuenta en el Congreso de los escándalos de corrupción del partido. La última, en abril del año pasado, cuando los populares votaron en contra de la petición de la izquierda parlamentaria de convocar un pleno extraordinario y monográfico tras conocerse los escritos del fiscal y del abogado del Estado en los que se daba por hecho el mantenimiento durante 20 años de una cuenta b en el PP.

En 2013, el partido vetó la posibilidad de que el pleno del Congreso debatiese la constitución de sendas comisiones de investigación parlamentaria sobre financiación de los partidos políticos, a petición del PSOE. Rajoy sí acudió al Congreso ese mismo año, tras las revelaciones de los cobros en dinero negro de algunos de sus dirigentes. «Le apoyé, creí en su inocencia y me equivoqué. Y este ha sido todo mi papel en esta historia», dijo ante la Cámara. El líder del PP prometió «contribuir a que la verdad se aclare cuanto antes».

Silencio en Génova: «Podría ser peor»

Desde Génova se ha optado por un silencio calculado. Rajoy quiere dar respuesta al ultimátum en persona. No hubo, tras las palabras de Rivera, ninguna valoración oficial, tan sólo emplazamientos a la rueda de prensa que el presidente en funciones ofrecerá al término de esa reunión.

Los populares atendieron expectantes a la declaración convocada de urgencia por la formación de centro y que generó un desconcierto inusitado en el Congreso. “Podría haber sido peor”, resumieron después. Durante el día, habían temido incluso que Rivera volviese a traer a primer plano la “cabeza” de Rajoy para avanzar en la investidura.

Fuentes populares han informado a OKDIARIO que “por supuesto» están dispuestas a  hablar de corrupción. «Somos los primeros que hemos aprobado medidas de transparencia en esta legislatura”, subrayan. No obstante, consideran también que la exigencia de Rivera es una “afrenta” con la que, entienden, los de Rivera tratan de justificar su cambio de votación hacia el ’sí’.