El CGPJ acusa a Belarra de «atribuir un delito» a los magistrados del Supremo: «Es inaceptable»

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha mostrado su «absoluto y rotundo rechazo» a las acusaciones vertidas contra la Justicia por parte de la líder del partido socio del Gobierno, Ione Belarra, en las que acusaba de «prevaricación» a la presidenta del Congreso y al Tribunal Supremo por retirarle el escaño a Alberto Rodríguez tras ser condenado a prisión por patear a un policía y, por tanto, inhabilitado para el cargo.

La actitud adoptada por la líder de Podemos ha motivado que el órgano de gobierno de los jueces haya decidido reaccionar y salir al paso de las acusaciones de Belarra «con mayor rotundidad que en otras ocasiones», puesto que la ministra atribuye «la comisión de un delito a sus magistrados», una afirmación que «excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión».

«Máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable», señala el CGPJ en su comunicado.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda han votado en contra.

Ofensiva podemita

A toque de corneta, y tras conocerse la decisión de Batet, que finalmente daba el paso de obedecer al Tribunal Supremo, desde Podemos han pasado este viernes al ataque. La líder del partido morado ha mostrado su indignación en un mensaje a través de sus redes sociales. «Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí [en la trifulca con los policías]. El objetivo era quitarle el escaño», ha dicho sobre la sentencia condenatoria.

Tras esta ofensiva dialéctica, el partido miembro de la coalición socialcomunista del Gobierno daba el paso y ya por la noche anunciaba una querella contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por «prevaricación». Según han explicado fuentes del grupo morado, la determinación de Batet de sustraer la condición de diputado a Rodríguez bajo el argumento de ejecutar la sentencia de inhabilitación del Tribunal Supremo se adopta contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso, que se expresaron favorables a que conservara su acta.