La Guardia Civil tendrá a partir de este 2021 un rival en el control de las aguas marítimas que rodean Cataluña. El plan del Gobierno catalán, que dejó diseñado Quim Torra antes de abandonar la Presidencia por su inhabilitación, pasa por la puesta en funcionamiento de una flota de siete embarcaciones, incluida una patrullera de 12 metros de eslora, con la que disputarle a la Benemérita las competencias de policía marítima.
La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial fue muy explícita en febrero de 2019: las competencias policiales en el ámbito marítimo en Cataluña recaen exclusivamente sobre la Guardia Civil. En aquella reunión, en la que estuvo presente el ex conseller de Interior de la Generalitat Miquel Buch, se advirtió que las policías autonómicas tan sólo tendrían competencia administrativa en aguas interiores. Es decir, en una limitadísima franja costera y en toda la demarcación de ríos, embalses y pantanos.
Sin embargo la Generalitat ha pasado por alto aquel dictamen. Desde este pasado mes de junio ya ha entrado en funcionamiento la unidad de Policía Marítima de los Mossos d’Escuadra. Un proyecto que la Generalitat viene perfilando desde hace años y que tenía que haber estado en pleno funcionamiento en el verano de 2020, pero la irrupción de la pandemia ha trastocado el calendario. La falta de competencias efectivas no ha sido un impedimento para los planes de Quim Torra que ahora hereda el nuevo Ejecutivo catalán.
La ‘flota’ de Quim Torra
De momento son tres las embarcaciones tipo Zodiac con las que cuenta la unidad, dos de 4 metros de eslora y otra de unos 7. Su base está en el puerto de Palamós, donde se ha rehabilitado un edificio como base de operaciones con un coste de 150.000 euros. Pero la flota va a crecer en los próximos meses con un objetivo claro: disputarle a partir de este 2021 el control del mar a la Guardia Civil, legítima policía marítima según la ley.
El Gobierno catalán, que cuenta con un presupuesto aproximado de tres millones de euros para este despliegue, ya se ha lanzado a la licitación para la compra de otras tres embarcaciones más. Se trata, explican fuentes de los Mossos, de patrulleras semirrígidas muy similares a las que tiene en servicio la Royal Police de Gibraltar, con las que la Guardia Civil tiene problemas cada cierto tiempo.
La Generalitat además ha encargado a una empresa la puesta a punto de una patrullera de 12 metros de eslora, cuya entrada en servicio se espera para este otoño. Se trata de una embarcación «muy similar» a otra que opera la Guardia Civil desde el puerto de Barcelona. Una semirrígida modelo Duarry Megatech 12 (con serial S-11), con motores fueraborda de gran potencia, cabina y capacidad para 10 tripulantes. Según explican fuentes de los Mossos, el objetivo principal es replicar las capacidades marítimas de la Guardia Civil en Cataluña, que cuenta con 6 embarcaciones y una treintena de agentes dedicados a la vigilancia marítima.
En un primer momento, la Generalitat barajó crear esta flota mediante la reutilización de barcos incautados en operaciones contra el narcotráfico u otros delitos marítimos. Sin embargo, esto complicaba la operativa al tratarse de embarcaciones que arrastraban un importante desgaste mecánico, lo que elevaba considerablemente el gasto en mantenimiento.
Objetivo: las multas
Tal y como aseguran fuentes muy próximas a esta incipiente unidad, el principal cometido que tendrá el equipo de Policía Marítima será -por el momento- el patrullaje en espacios naturales -calas y playas- donde son habituales las reuniones de barcos de recreo. En los últimos años se han hecho muy populares las macrofiestas embarcadas en lugares recónditos y protegidos de la cosa catalana, en las que en ocasiones se cometen graves infracciones contra las leyes de preservación de espacios protegidos.
El primer objetivo, por tanto, será de carácter recaudatorio a través de las multas y sanciones administrativas que se imponen a este tipo de prácticas. De momento, además, es la única actividad policial que los Mossos pueden realizar sin pisar las competencias de Policía Judicial, que recaen sobre la Guardia Civil.
«Nos quieren echar»
La puesta en marcha de esta nueva unidad tiene un evidente trasfondo político que no se le escapa ni al Ministerio del Interior ni a la propia Guardia Civil. En clave interna, desde dentro de la Benemérita entienden este movimiento como una clara declaración de intenciones: «Nos quieren echar de Cataluña, como ha pasado en el País Vasco o como intentan en Navarra». El Ministerio del Interior, sin embargo, no ha valorado hasta el momento y públicamente la creación de esta unidad, que usurpa funciones policiales del Estado.
«Es una vergüenza. Gastan el dinero público con una alegría, que bien le vendría ese dinero a algún hospital catalán», advierten desde una de las principales asociaciones del cuerpo.
La «pasarela» navarra
En Navarra, por ejemplo, el Ministerio del Interior prepara un plan para hacer «irresistible» la ‘pasarela’ de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra. Los agentes del área de Tráfico en la región, competencias que serán cedidas al Gobierno navarro previsiblemente este 2021, podrán acogerse a los beneficios de la policía autonómica sin renunciar a las ventajas de pertenecer al Instituto Armado.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha querido ofrecer datos sobre el mecanismo administrativo que permitirá a los agentes de la Guardia Civil convertirse en miembros de la Policía Foral. Marlaska no aportó ningún dato de esta ‘pasarela’ navarra durante uno de sus encuentros con las principales asociaciones profesionales el pasado verano, a pesar de que se le preguntó por ello en varias ocasiones tal y como constató OKDIARIO de fuentes de la Guardia Civil presentes en aquel encuentro.
