Castilla y León destina los 20 millones que quitó a los sindicatos a cheques-bebé para 7.500 familias

El Gobierno de Castilla y León tiene nuevos presupuestos, pactados por PP y Vox. No figura ni un euro de subvenciones a los sindicatos, tras eliminar las ayudas por valor de 20 millones de euros que se concedían anteriormente. Esa cantidad ahora irá destinada al Bono Nacimiento: 20 millones de euros a repartir entre 7.500 familias que registren un nacimiento a lo largo del año.

Si hay un paradigma de la España vaciada, de la despoblación rural, ése es Castilla y León. El Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja año a año que ninguna comunidad pierde más habitantes a un ritmo tan elevado como Castilla y León. De ahí, que el fomento de la natalidad se haya convertido en una de las prioridades del Gobierno autonómico que dirigen el popular Alfonso Fernández Mañueco y su vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo.

Entre las medidas aprobadas y reflejadas en los presupuestos autonómicos recién aprobados se encuentra un cheque-bebé para familias que tengan un hijo en 2023 -también cuentan las adopciones-. El plan incluido en las cuentas de 2024 contempla ayudas desde los 500 euros por un primer hijo de una familia de renta alta hasta los 2.500 a partir del tercero en una familia de renta más baja. Esta medida tiene asociado un presupuesto de 20 millones de euros, que desde el Gobierno autonómico calculan que podría beneficiar a unas 7.500 familias.

El dinero se entrega a los beneficiarios en forma de Tarjeta Familia para que los progenitores puedan realizar compras de productos relacionados con el bebé en uno de los 1.318 establecimientos adheridos que figuran en las bases del acuerdo.

Este plan tiene el mismo impacto en las arcas públicas que el que tenían los 20 millones de euros que se dedicaban a subvenciones a sindicatos como UGT y CCOO con anteriores gobiernos regionales. De hecho, la ausencia, otro año consecutivo, de esta partida, ha soliviantado a los sindicatos.

Reclamación de los sindicatos

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha redactado un informe, en respuesta a la reclamación presentada por UGT y CCOO ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en la que denuncian que la Junta ha incumplido el Diálogo Social, donde defienden el recorte a las subvenciones de los sindicatos. En dicho escrito, el Gobierno castellanoleonés ha defendido que las organizaciones sindicales no poseen un «derecho adquirido» para percibir estas partidas presupuestarias. Además, critican que tanto UGT como CCOO omiten las críticas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando incumple repetidamente el Diálogo Social.

«Los sindicatos han convertido el Diálogo Social en un fin para la obtención de subvenciones y no en un medio que permita a través de la negociación entre diferentes actores mejorar el bienestar de los ciudadanos a través de distintas políticas públicas. De este modo, queda claro que mientras reciben subvenciones no se quejan del mal funcionamiento del Diálogo Social, incluso cuando son conscientes, como hemos señalado, de que hay muchas decisiones del Gobierno de España que han incumplido el mismo. El Diálogo social no consiste en reclamar la devolución de subvenciones por parte de los sindicatos para financiar sus estructuras, sino que debería ser un medio que permitiese negociar políticas públicas que procurasen mayor bienestar y crecimiento económico a la sociedad», explica el informe.

Los más altos de la historia

Según han destacado desde Vox tras la aprobación de los Presupuestos, «se trata de las cuentas más altas de la historia de la comunidad, al alcanzar los 14.562 millones de euros, un 5,45% más que el año pasado».

«Los ejes principales son la mejora de la calidad de los servicios sociales, la lucha contra la despoblación, el apoyo a las familias, el crecimiento económico y el empleo y el campo como sector estratégico, entre otros. Junto a los presupuestos, salió adelante la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que contempla deducciones fiscales por alrededor de 600 millones de las que se pueden beneficiar 480.000 contribuyentes», inciden desde Vox.

«Génova presiona»

Esta misma semana, desde Vox han señalado que los «hitos» que se registran en comunidades autónomas donde hay gobiernos conjuntos con el PP producen «nervios» e «incomodidad» en la dirección de la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo. «Cada hito autonómico que se consigue y que es gracias a Vox genera una incomodidad en Madrid que se transmite a los presidentes regionales», ha señalado Fuster.

Ha insistido, en esa línea, en que «Génova está presionando mucho a los presidentes autonómicos para que se retracten sobre lo pactado con Vox». Ha citado, entre otras, las leyes de libertad lingüística, las de memoria o las que tienen que ver con el campo. «Cualquier ley ideológica» que se tramite por iniciativa de Vox, señala Fuster, «genera nerviosismo, mucho nerviosismo» en la dirección del PP.

Por eso, entiende, en Génova «hay una resistencia a la hora de ir de la mano contra la Ley de Amnistía, o en las medidas sobre el campo». «Esto pasa también en los ayuntamientos con los presupuestos. Esta obsesión de Génova por acabar con Vox no sólo es en los gobiernos conjuntos, también lo es en Madrid o Andalucía, donde hay una obsesión que es acabar con Vox. Salgan del ridículo, Vox no se va a acabar», ha señalado Fuster