Ayuntamiento de Madrid

Carmena aprueba una ordenanza para reducir los coches pero 6 ediles suyos se han comprado uno

Carmena aprueba una ordenanza para reducir los coches pero 6 ediles suyos se han comprado uno
Manuela Carmena e Inés Sabanés. (Foto. Madrid)

Seis concejales de Ahora Madrid se han comprado un coche a lo largo de esta legislatura. Pese a que este viernes el Ayuntamiento ha aprobado en el Pleno una ordenanza de movilidad para reducir los coches en la capital, los ediles de Manuela Carmena no están dando ejemplo.

En concreto, según consta en las declaraciones de bienes actualizadas en la web oficial del Consistorio, hasta seis concejales han adquirido un vehículo. Algunos ya tenían y lo han cambiado. Y otros que decían no tener, lo han comprado.

Todos los concejales que se han comprado coche son del núcleo duro de la alcaldesa, los que forman parte de la Junta de Gobierno: Inés Sabanés (Medio Ambiente y Movilidad), Marta Higueras (Primer Teniente de Alcalde), Mauricio Valiente (Tercer Teniente de Alcalde), Pablo Soto (Participación, Transparencia y Gobierno Abierto), Jorge García Castaño (Economía y Hacienda) y José Manuel Calvo (Desarrollo Urbano Sostenible).

De Dacia a BMW

Los vehículos que se han comprado son: un Dacia Sandero, un Nissan Qashquai, un Volkswagen Caddy adaptado, un Peugeot, un BMW 320, y un Opel Astra 5p Club.

El concejal del Partido Popular Percival Manglano ha criticado la situación en las redes sociales apostillando el irónico comentario de "Sí se puede".

Nueva ordenanza

Los votos de Ahora Madrid y PSOE han sacado adelante este viernes la ordenanza de Movilidad Sostenible. Entre otros aspectos, reduce la velocidad de circulación en la ciudad (en la mayoría de los viales se circulará a 30km/h y a 20 en zonas de plataforma única), regula nuevas realidades (como los segway o los patinetes eléctricos) o insuficientemente regulados (vehículos compartidos, aparcamientos públicos).

El Ayuntamiento defiende que así se pone en el centro la convivencia y la seguridad vial así como la pacificación del tráfico y hace una apuesta por la movilidad sostenible. Ahora los vehículos a motor tienen seis meses para llevar visible el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) desde que entre en vigor la ordenanza.

Críticas populares

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid considera que la recién aprobada ordenanza es "antidemocrática", y que además convierte a la capital "en un búnker" y "atenta contra la libertad de movimiento de las personas".

Así lo ha manifestado este viernes la edil portavoz en materia medioambiental y de movilidad, Inma Sanz, quien ha asegurado que esta ordenanza es "uno de los más grandes fracasos" en la política de movilidad del equipo de Gobierno. "Madrid está más atascada y más contaminada. Los datos son tozudos, y ahora los madrileños perdemos mucho más tiempo en atascos", ha lanzado.

Para Sanz, Madrid vive en un "atasco permanente" con "bulevares atascados", y problemas de movilidad en vías como la calle Toledo, la calle Alcalá, o Gran Vía, "donde se bajan más pasajeros de los que se suben a los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT)".

"No ayuda el cierre de túneles durante varios meses, sin ni siquiera anunciarlos con antelación; el mantra que utilizan para dificultar la calidad de vida de las personas es favorecer el descenso de la contaminación. Pero eso es falso, es una gran mentira", ha reprochado la concejala del PP.

20% más de dióxido

Echando mano de los datos, Sanz ha indicado que el valor medio de los óxidos de nitrógeno (NxOy) en la capital ha aumentado un 20 % de 2014 a hoy, ya que si entonces había 35 microgramos por metro cúbico, ahora hay 42.

Asimismo ha afeado a Sabanés no haber tomado otras medidas contra la contaminación como acabar con las calderas de carbón o calderas de gasoil, algo que para Sanz pone de manifiesto "la manía persecutoria contra la libertad de elección de las personas" que tiene Ahora Madrid.

Por ello, los populares modificarán "de cabo a rabo" la ordenanza porque "es insostenible para el futuro de la ciudad" y "tiene graves problemas formales y dudas legales". "Es antidemocrática e inviable", ha reprochado.

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