Puigdemont apunta al Constitucional de Pumpido para evitar la cárcel: «Mi detención es ilegal»

«Mi detención es ilegal»: con estas palabras Carles Puigdemont ha anunciado su regreso a España, arriesgándose así a ser detenido en cumplimiento de la orden de detención que hay vigente sobre él. Si es arrestado, el ex presidente catalán podría invocar lo que se conoce como habeas corpus, un derecho previsto para aquellos casos en los que los detenidos consideren que no hay motivos para estar retenido. Esto obligaría al juzgado de instrucción a pronunciarse y, en caso de que le mantengan detenido, Puigdemont podría recurrir en amparo al Tribunal Constitucional que ahora mismo funciona con la Sala de Vacaciones integrada por los magistrados Inmaculada Montalbán, María Luisa Segoviano y Ricardo Enríquez.

Hace más de siete años, Carles Puigdemont huyó de la justicia española tras refrendar un golpe de Estado en Cataluña. Lo hizo escondido en un maletero para evitar ser arrestado por la Policía y se refugió en Bélgica, lugar desde el que se presentó a las elecciones europeas, consiguiendo la condición de aforado y evitando así ser enjuiciado. Mientras el resto de líderes independentistas se sentaron en el banquillo y estuvieron en la cárcel, Puigdemont y otros altos cargos como Clara Ponsatí o Marta Rovira optaron por marcharse de España. Tras finalizar su etapa europea, Puigdemont decidió presentarse a las pasadas elecciones catalanas, habiendo pactado una Ley de Amnistía con el PSOE de Pedro Sánchez para extinguir sus causas en los tribunales españoles. Los jueces no se han doblegado y el instructor Pablo Llarena ha mantenido su orden de detención al considerar que no se puede amnistiar un delito de malversación agravada como el que se le imputa a Puigdemont.

Pese a saber que será detenido, el líder independentista ha retado a la justicia y quiere estar presente en el pleno de investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Su presencia amenaza con suspender el pleno en el que Salvador Illa tiene los apoyos para ser proclamado presidente. Su detención podría ser inminente, pero en ese mismo instante Puigdemont podría solicitar a los agentes que le arresten que le dejen en libertad. El competente para resolver, según la ley, es el juez de instrucción del lugar en que se encuentre, previsiblemente, el que esté de guardia en Barcelona. Tiene un plazo máximo de 24 horas para resolver. 

Si acepta las alegaciones, ordenará la inmediata puesta en libertad. En caso contrario, Puigdemont habrá acabado la vía del recurso ordinario en los tribunales y podrá entonces acudir al Constitucional. Si se cumple este escenario, los de Pumpido tendrán que dar respuesta al recurso. Este tipo de sentencias manejan plazos de al menos 12 meses entre la detención y la resolución. Sin embargo, el caso de Carles Puigdemont podría ser diferente, ya que la mayoría izquierdista podrían resolver de forma exprés. Tendrán que argumentar el motivo por el que se acelera esta decisión.

Prisión provisional

En caso de que su defensa no opte por solicitar el habeas corpus, será el juez Llarena el que decidirá si ordena o no el ingreso en prisión provisional de Carles Puigdemont una vez le tome declaración. El riesgo de fuga es una de las causas para acordarla y Puigdemont ha estado huido durante casi siete años. También juega en su contra la gravedad del delito por el que sigue procesado, en su caso, la malversación que conlleva penas de hasta 12 años de cárcel.

La prisión provisional tendrá que ser solicitada al juez por alguna de las partes personadas. El partido político Vox actúa como acusación popular en esta causa y ya lo ha pedido presentando un escrito en el Tribunal Supremo para que se detenga a Carles Puigdemont en cuanto pise suelo español. «Mi detención es una posibilidad real en muy pocos días», dijo Carles Puigdemont en una carta publicada como respuesta al aval de ERC a la presidencia del candidato Salvador Illa. 

Recursos pendientes

El juez Pablo Llarena también tiene pendiente de resolver el recurso que presentó la defensa del ex presidente el pasado 8 de julio en el que pedía al juez Llarena que modificara su decisión de no amnistiar la malversación. Puigdemont se amparó en el voto particular que emitió la magistrada discrepante del tribunal del procés Ana Ferrer, que pidió que se le aplicará la amnistía, al contrario del resto de la Sala de lo Penal, que no lo consideró pertinente. El Supremo aún no se ha pronunciado, por lo que la poco probable aplicación futura de la amnistía a Puigdemont ha quedado congelada.