Canalda defiende que la compra de Inassa a través de Panamá era «la mejor opción y la más barata»

El exgerente del Canal de Isabel II, Arturo Canalda, ha asegurado que la compra de la filial Inassa a través de una sociedad de Panamá por 83 millones de euros era «la mejor opción y la más barata», de las presentadas por los técnicos del ente público.

Canalda ha declarado este jueves como investigado durante algo más de una hora en el marco del caso Lezo ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, por la compra «fraudulenta» de la filial colombiana.

Durante su comparecencia, ha negado cualquier irregularidad en la operación o desvío de fondos públicos. Canalda que ha contestado al juez, la fiscal y su defensa ha afirmado que no vio nada «extraño en la operación» y que efectuaron la compra para la que estaban «autorizados», subrayando que se optó por el «mejor estudio de valoración».

Además, ha asegurado que la decisión de comprar Inassa se tomó con urgencia para «no paralizar la gestión del Canal de Isabel II» y que el 8 de noviembre de 2001 vio un guión de la adquisición y el 14 la presentación en formato Power Point.

Según la Fiscalía Anticorrupción, se diseñó una operación de compra paralela a la aprobada en la reunión del consejo de administración del Canal el 18 de noviembre de 2001 por 83 millones de euros. Además denunció que estuvo «repleta de irregularidades» y que la llevaron a cabo mediante una empresa interpuesta con sede en Panamá.

Canalda dimitió a finales de diciembre como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid tras conocerse su imputación en el caso Lezo.

Aunque la operación se autorizó formalmente el 14 de noviembre, lo cierto es que seis días antes ya estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña, creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la operativa.

De acuerdo con las actas de la reunión, Arturo Canalda hizo una pormenorizada exposición del asunto asegurando que la empresa de aguas con sede en Barranquilla (Colombia) era «sin duda, dentro del sector del agua el de mayor presencia en el Área del Caribe» y contaba «con una gran proyección de crecimiento en la región».

Los consejeros niega irregularidades

En las dos últimas semanas, el instructor del caso Lezo ha interrogado como investigados a los consejeros que rubricaron el acuerdo presentado por los tres directivos de la empresa pública de aguas. Muchos de ellos, alegaron que hacía muchos años de la operativa, por lo que no recordaban muchos flecos de la misma, pero que se fiaron de la palabra de los precursores de la operación que les dijeron que era una buena inversión para el Canal.

Entre ellos, el expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo, culpó de su situación procesal al presunto cabecilla de la trama, el expresidente regional Ignacio González, y negó sobrecostes en la operativa de 2001 y ratificó las actas de la reunión.

Por su parte, el exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón, Juan Bravo, expuso ante el juez García Castellón que, de todos los informes de adquisición que se presentaron, el de 73 millones de dólares «fue la mejor opción» y negó que ellos fueran conocedores de irregularidades en la operación.