Bruselas traslada a Sánchez su temor por el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral

Bruselas ha hecho sonar las alarmas. No comparte en absoluto que el camino correcto para la economía española sea el de la derogación pactada con Bildu de la reforma laboral. La UE ha hecho llegar el mensaje extraoficial al Gobierno español. Y es que España se encamina de forma inequívoca hacia una potente necesidad de ayudas financieras y Bruselas no está dispuesta a prestar esa ayuda para que acabe laminada por un Gobierno radical.

El PSOE, Podemos y Bildu han negociado ya la derogación íntegra de la reforma laboral. Lo han hecho, además, a espaldas de los ministros económicos de los que más se fía Bruselas: Nadia Calviño (vicepresidenta económica) y José Luis Escrivá (responsable de Seguridad Social). Horas después de filtrarse la noticia, el Gobierno matizaba esa derogación total.

Pero el mensaje ha llegado nítido y claro a Europa: se trata de un Gobierno que es capaz de hacer saltar por los aires las reformas económicas básicas de su recuperación tras la crisis de 2008 y lo hace sin el más mínimo rigor económico pactando con formaciones ultra.

Falta de credibilidad

El escepticismo de Europa ante el rumbo tomado por España se ha filtrado al Gobierno de Pedro Sánchez de forma extraoficial, pero igualmente nítida. Y es que esa reforma laboral, no solamente es la base de una flexibilidad sin la que es imposible mantener una competitividad mínima con las económicas y compañías extranjeras, es, además, la base de nuestra credibilidad ante Europa.

Porque formó parte del memorándum de condiciones exigidas desde el año 2010, momento en el que el BCE tuvo que empezar a adquirir deuda española tras dejar la economía española al borde de la quiebra José Luis Rodríguez Zapatero.

Bruselas no olvida que Podemos lleva exigiendo desde hace tiempo revisar la reforma constitucional que permitió, bajo mandato del PSOE y con pacto con el PP, garantizar la devolución de las ayudas comunitarias recibidas y de la deuda adquirida desde el exterior para ayudar a España -artículo 135 de la Constitución Española-.

Y tampoco olvida que la caída del PIB será muy superior al 9,2% anunciado por Pedro Sánchez para este año. Porque la actualización del Programa de Estabilidad remitida a Bruselas incluye todo un repertorio de cuadros elaborados por la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía donde se desvela la realidad de nuestra caída económica. La caída será, según sus propias indicaciones, superior al 14%, cinco puntos peor que la admitida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Hacia el rescate

Pedro Sánchez aboca a España primero al desastre económico, y luego al rescate. El plan del presidente del Gobierno pasa por lanzar una montaña en emisiones de deuda de 310.000 millones de euros. De ese volumen, el BCE está dispuesto a comprar 130.000 millones, una cuantía impresionante, pero totalmente alejada de las necesidades españolas a la vista de la desastrosa gestión del coronavirus y sus consecuencias económicas. El Gobierno socialcomunista contaba con colocar por su cuenta en los mercados 70.000 millones.

Es decir que, en total, Sánchez pretende que el BCE asuma al menos 240.000 millones de euros, frente a los 130.000 que el organismo monetario europeo ha fijado como tope máximo. Eso supone que Sánchez tiene un agujero de 110.000 millones más de lo pactado, una cifra totalmente inasumible que aboca a España a tener que pedir el rescate a Europa.

Esos son los números, que vienen provocados por un déficit en 2019 de 33.000 millones de euros que tiene que financiarse ahora con deuda; también por no haber tenido ni la más mínima cautela en el gasto desde junio de 2018 -momento en el que llegó al poder Sánchez-; y por haber impulsado en España la peor gestión sanitaria del coronavirus y el mayor desastre económico a causa de haberse negado a asistir a las empresas.

Menos aún ignora la UE que el Gobierno de Pedro Sánchez se encamina a una emisión de deuda total de más de 300.000 millones, imposible de colocar sin la ayuda del BCE. Y es que Sánchez contaba inicialmente con tener que emitir 200.000 millones de euros de deuda pública este año, pero a ese volumen le tendrá que sumar necesidades de financiación por otros 110.000 millones de euros, fruto del empeoramiento de la economía por el coronavirus.

Todo ello implica que España se dirige a un rescate y a tener que negociar medidas duras. Justo lo contrario de lo que plasma el acuerdo del PSOE con Bildu para derogar la reforma laboral.