Ayuso rechaza la renta mínima de Iglesias porque es un «regalo» y genera dependencia del Estado
Advierte que "estar subvencionado de una manera eterna" no garantiza "salir adelante" y "ser libre"
Iglesias provoca un cisma dentro del Gobierno a cuenta de la aprobación de la renta mínima
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este sábado contraria al ingreso mínimo que presentará el Gobierno de PSOE y Podemos previsiblemente en mayo, porque lo considera un «regalo» que crea dependencia del Estado a los beneficiarios.
Así, durante una visita este sábado al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra), y en declaraciones remitidas a los medios, Ayuso ha rechazado la medida del Ejecutivo socialcomunista y ha recordado que Madrid ya tiene la Renta Mínima de Inserción (REMI) que «ayuda y acompaña» a las personas durante lo que dura «su situación de vulnerabilidad».
«Estas ayudas se tienen que entender como una palanca hacia el empleo; no pueden perpetuar a las personas esperando y dependiendo eternamente del Estado», ha cuestionado Díaz Ayuso.
A juicio de la jefa del Ejecutivo madrileño, todas las personas y todas las familias quieren salir «adelante en la vida» y «ser libres». Por el contrario, «estar subvencionado de una manera eterna» no lo garantiza y hace que las personas «dependan del Estado», ha enfatizado.
«No es más que una herramienta para igualar a la baja», ha criticado Díaz Ayuso, quien recuerda que las rentas mínimas de inserción como las que pone en práctica su Ejecutivo son «palancas para el empleo», a diferencia del ingreso mínimo que defiende el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
«Las personas quieren su trabajo, quieren tener sus metas, conquistar sus sueños, no quieren eternamente estar entregados en casa a la dependencia de una subvención y un regalo, cuando lo que necesitan es tener un empleo para dirigir sus vidas a su manera», ha sentenciado.
El ingreso mínimo que prevé el Gobierno central complementaría las rentas mínimas de inserción de las comunidades, que en 2018 supusieron un gasto de más de 1.500 millones de euros, según informó Efe.