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Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a llegar hasta el final para que el Gobierno de Pedro Sánchez responda por los contratos adjudicados durante la pandemia. Entre ellos figuran varios escándalos destapados por OKDIARIO, como el caso Playbol -las ayudas concedidas a una empresa vinculada a los padres del presidente socialista- y la relación del marido de Nadia Calviño con los fondos UE que reparte la vicepresidenta. Mientras, la Fiscalía Anticorrupción, como ha publicado este periódico, terminará archivando las diligencias de investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, porque no existen indicios suficientes para judicializar la causa. En esta entrevista, Ayuso denuncia, rotunda, que se dilate el procedimiento para desgastarla políticamente.
Pregunta.- La Fiscalía decidió en cuatro días que había que investigar a su hermano. Hace diez, ustedes denunciaron 12 contratos por valor de 326 millones adjudicados por el Gobierno durante la pandemia. En la denuncia incluían las ayudas de 701.000 euros a la empresa que gestiona la fábrica de los padres de Sánchez, y también acusaban a la señora Nadia Calviño, cuyo marido ha sido elegido dedocráticamente para gestionar las ayudas a las pymes. Pero la Fiscalía Anticorrupción no ha abierto todavía diligencias de investigación, ¿qué le parece?
Respuesta.- Me parece que han sucedido hechos gravísimos que en algún momento habrá que esclarecer. La ministra de Justicia me ha amenazado con que tengo que ir a los tribunales. ¿Tengo que ir a qué? ¿Y por qué? ¿Porque ella lo decide? ¿Porque políticamente así lo quiere el PSOE? Esto demuestra el uso que está haciendo el Gobierno de Sánchez de todas las instituciones, y especialmente de la Justicia, que es el último poder que nos queda para que un Estado de Derecho funcione. Se han vulnerado los datos de un empresario que es como otros muchos que han trabajado en torno a administraciones como la Comunidad de Madrid y que, de manera impecable y en los momentos más difíciles, han traído material sanitario. Y ahora se permiten desbrozar sus datos de esta manera supremacista por cualquier sitio. ¿Quién va a querer acercarse a las administraciones para colaborar en los momentos más difíciles si constantemente se hace esto con ellos? En los momentos más difíciles de la pandemia entendimos que todas las administraciones, como la Comunidad de Madrid, hacían sus gestiones lo mejor que podían para traer material, ya que la compra centralizada del Gobierno de Sánchez fue un auténtico fracaso. Perdimos diez días fundamentales para proteger a nuestros sanitarios, que se tenían que cubrir con bolsas de basura para hacer su trabajo y salvarnos la vida a los demás. Pero, visto que aquí lo importante es cómo trabajan nuestros familiares en su sector, aunque sean profesionales, hemos pedido exactamente la misma transparencia para numerosos contratos que tienen vinculación con el entorno de La Moncloa. Esperamos que la señora Delgado nos trate a todos por igual y se fiscalice de la misma manera a los demás.
P. – ¿701.000 euros, que es lo que el Gobierno dio a la empresa que gestiona la fábrica de los padres de Sánchez, son más que los 55.000 que cobró su hermano por las gestiones para traer mascarillas? Digo, porque yo no sé de matemáticas…
R. – Parece más. Lo que pasa es que la cacería sobre los demás es mucho mayor. Yo aún tengo que recordar la campaña de desprestigio cuando pagué de mi bolsillo para gestionar la pandemia desde un hotel, y la Comunidad de Madrid podía haberlo hecho perfectamente. Pero quise demostrar que no le debo nada a nadie. Y eso fue objeto de portadas y de abrir telediarios y, mientras tanto, del entorno del presidente y de su familia no se sabe absolutamente nada, ni del de ningún ministro.
P.- ¿Pasó algo con algún familiar del presidente o con los entornos de algunos ministros?
R.- Estamos en un punto en el que nadie sabe si el presidente tiene hermanos, si tiene primos…
P.- Tiene o tenía un hermano enchufado en Extremadura.
R.- A mí, hasta la fecha, desde luego, no me interesaba esto. Ni me importa con quién está casado cada ministro ni quiénes son sus entornos familiares porque entiendo que a los políticos se nos tiene que juzgar por el trabajo que realizamos. Pero, visto que la fiscalización ha llegado a esto, si nos ponemos a equipararlos probablemente unos casos y otros no son ni parecidos. Hablamos de compras que superan los 300 millones de euros tirados a la basura y, en muchos casos, por material que luego nunca se devolvió, o con empresas que se dedicaban a otras cuestiones que eran francamente lejanas a la Sanidad, como alimentos para animales. Entiendo que muchas empresas cambiaron su razón social para traer material, porque antes nunca habíamos tenido en España, por ejemplo, una empresa que fabricase mascarillas. Pero veo que el trato es distinto y que una ministra y la fiscal general nos está diciendo ‘como me toquéis, como me miréis o, simplemente, como nos hagáis oposición, os vamos a echar encima a la Justicia española’. Eso es lo que está pasando y me parece francamente grave.
P.- ¿Se está haciendo un uso bolivariano de la Justicia con usted?
R.- Desde luego lo están intentando. Pero yo no puedo asegurarlo con tanta claridad porque no sé el trabajo que está realizando el fiscal. Confío pero políticamente veo cómo le intentan ensombrecer…
P.- No, yo no hablo del fiscal. El fiscal Anticorrupción, el señor Luzón, es impecable. ¿Pero usted cree que la fiscal general y la ministra de Justicia están haciendo un uso bolivariano, una persecución ad hominem, contra usted?
R. – Lo están intentando. Primero porque intentan retrasar un procedimiento en el que está claro que no hay nada y, por tanto, lo único que hay que esperar es a que se archive. Lo estirarán y estirarán y me veo que lo van a archivar a mediados de agosto, cuando estamos todos de vacaciones, para que nadie pueda darle eco mediático. Efectivamente, intentan crear una red y de una manera bolivariana intentan acosarte. Lo intentan, porque afortunadamente estamos centrados en otras cuestiones. Tenemos demasiados problemas que gestionar en la Comunidad de Madrid como para andar entrando constantemente en esto. Pero si lo hacen, sí.