La Audiencia de Badajoz decide el lunes si el hermano de Sánchez va a juicio como plantea la juez

El caso que investiga a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reactiva el lunes 15 de septiembre, día en el que la Audiencia de Badajoz abordará los recursos de la Fiscalía y de los 11 investigados, entre los que también se encuentra el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, contra el auto de procesamiento que dictó la juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, por la creación de la plaza que ocupó el hermano de Sánchez en la Diputación pacense.

El auto, firmado el 28 de abril por Biedma, transformaba la instrucción del procedimiento, con una investigación que se inició en el mes de junio de 2024, en procedimiento abreviado. Cabe recordar que las acusaciones piden tres años de prisión para David Sánchez Pérez-Castejón.

La juez Biedma, en el auto de transformación, procesó al hermano del presidente del Gobierno, mismo caso que el de Miguel Ángel Gallardo y de las otras nueve personas a las que se les imputan presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Los 11 investigados, a través de sus defensas, presentaron recursos al auto mencionado, y los mismos, como el de la Fiscalía, serán abordados el 15 de septiembre por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, formada por cuatro magistrados, entre ellos su titular, José Antonio Patrocinio.

En el caso concreto de David Sánchez, el recurso presentado por su abogado, Emilio Cortés recoge que el proceso ha contado con «carácter político, instrumental y teleológico». Asimismo, se alega que no existen indicios criminales contra su representado y señala que en el proceso «se han impuesto de una manera absolutamente inasumible los intereses de las acusaciones populares».

La Fiscalía, por su parte, pidió archivar el procedimiento, por entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los citados delitos. «Es absurdo prolongar el proceso» que está «condenado al fracaso», expuso el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre.

El Tribunal, después de deliberar sobre los recursos presentados, en un plazo que podría ir más allá de una sola sesión, responderá a los mismos «en una única resolución. En caso de que la decisión sea ratificar el auto de la juez Biedma, el procedimiento derivaría en la celebración del juicio, que tendría lugar en la Audiencia Provincial.

La acusación popular ha pedido tres años de prisión para los investigados, por delitos continuados de prevaricación, tráfico de influencias y nombramiento ilegal. La misma está formada por Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP.

El caso de Gallardo

Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, completó un aforamiento exprés como diputado autonómico, que hubiera conllevado que el juicio lo asumiera el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sin embargo, la coincidencia de fechas de oficialidad de su acta de diputado y el citado auto, fue calificado por el propio TSJEx como «fraude de ley», avalando lo ya expresado por Beatriz Biedma.

Para la juez, la adquisición de la condición de diputado autonómico de Gallardo y, por ende, su aforamiento, se acometió para intentar «eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la Audiencia provincial».