Un año del estado de alarma: los 37 decretazos de Sánchez, récord de la democracia

España ya no se acuerda de lo que es vivir sin un estado de alerta. Este domingo 14 de marzo se cumple un año de la primera declaración de alarma por la pandemia del coronavirus. En todo ese tiempo, el país ha estado 8 meses bajo este régimen excepcional que limita parte de los derechos fundamentales recogidos por la Constitución española, como el de reunión o el de libertad de circulación. Un tiempo que Moncloa ha aprovechado para ‘colar’ al vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión gubernamental del CNI, en el que Pedro Sánchez ha maniobrado para no tener que dar cuentas de su gestión ante el Congreso, o en el que se ha gobernado a golpe de decreto-ley: ha batido todos los récords de la democracia con 39 de estas normas, 37 de ellas durante la alarma.

«Estimados compatriotas. En el día de hoy, acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración, mañana, de un Consejo de Ministros extraordinario, para decretar el Estado de Alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días». Con esas palabras del presidente Sánchez, el Gobierno anunciaba a la nación hace justo un año la aplicación de ese mecanismo legal que permitía al Ejecutivo tomar el control de las competencias sanitarias, prohibir la libre circulación y las reuniones e intervenir el mercado de la producción de bienes sanitarios.

La decisión de activar el estado de alarma y confinar a 47 millones de españoles llegó apenas 6 días después de las marchas del 8M, una cita que congregó a más de 600.000 personas en las calles y que el Gobierno promocionó -e incluso participó- pese a las insistentes alertas internacionales que le instaban a evitar los eventos masivos. Sólo 48 horas después de aquellas marchas feministas, el Gobierno decidió anular todos los eventos que supusieran grandes masificaciones.

El discurso de Sánchez finalizó con una predicción errada: «Tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar al virus. Este virus lo pararemos unidos», advirtió el presidente. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses, hoy, en un año.

Gobernar a golpe de ‘decretazo’

Aquel 14 de marzo se abrió una nueva forma de gobernar no vista hasta el momento. El Gobierno adaptó su labor ejecutiva a la figura del decreto-ley, la preferida durante todo el último año: se han aprobado 39 decretos firmados por el Gobierno, frente a 14 proyectos de ley surgidos de las Cortes Generales. Es un récord absoluto en democracia. En la legislatura completa de Mariano Rajoy entre 2011 y 2015 firmó un total de 73, unos 18 al año.

Sonado fue lo que en aquellos días los expertos consideraron un error de bulto: Sánchez anunció un día antes, el viernes 13, que España se encaminaba a un estado de alarma, pero lo aprobó 24 horas después y entró en vigor el día 15 a las 00:00 horas -con su publicación en el BOE-. Aquel lapso permitió durante horas la movilidad regional, permitiendo que quien quisiese pudiese ‘huir’ de grandes ciudades a sus segundas residencias. Un movimiento que, tal y como se señaló posteriormente, pudo afectar a la expansión del coronavirus.

En las calles de aquel 14 de marzo, las imágenes que se quedaron en la retina eran desoladoras: vías y carreteras vacías que contrastaban con aglomeraciones y caos en las puertas de los supermercados. Un país que salía puntual a ventanas y balcones para aplaudir al viento cada día a las 8 de la tarde y donde la fiebre por el papel higiénico vaciaba las estanterías provocando escenas surrealistas.

Aquellos primeros 15 días de alarma excepcional que anunció el Gobierno terminaron convirtiéndose en 99 días, tras 6 prórrogas aprobadas cada dos semanas que poco a poco fueron teniendo menor apoyo parlamentario y obligando al Gobierno a buscar extraños compañeros de viaje. Como por ejemplo a ERC o EH Bildu, ‘muletas’ para aquella última prórroga que el Gobierno intentó, fallidamente, convertir en la penúltima.

El Gobierno de Sánchez aprovecharía para ‘colar’ en el estado de alarma -y en sus decretos derivados- asuntos tan dispares como la presencia de Iglesias en una de las butacas de la comisión gubernamental de control del CNI. Mientras, las dudas sobre la constitucionalidad de las medidas aplicadas por el Gobierno para recortar derechos se sucedían. Los contratos públicos quedaron marcados por la excepcionalidad de la alarma, provocando que sus pliegos no figurasen en los portales de transparencia. Y así, comenzaron a llegar las estafas, los sobrecostes sin explicación y la sensación de que muchos estaban enriqueciéndose desde las amplias sombras legales que provocaba la alarma en los mecanismos de control de la contratación pública.

Desescaladas y reescaladas

El estado de alarma quedaría levantado el 21 de junio, el día en que Sánchez dio por vencido al virus, tras una fase de ‘desescalada’ que la propia Moncloa condujo en base a unos supuestos informes de un «comité de expertos» inexistente: el Ejecutivo reconocería meses más tarde que ese comité estaba formado, en realidad, por funcionarios de Sanidad. El equipo de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Por tanto, no hubo ningún comité independiente que recomendase que Madrid debía seguir en ‘fase 0’ -con la hostelería y el comercio cerrados- durante dos semanas más. Quince días perdidos que la Comunidad de Madrid calificó de «desastre económico» y que vinculó con una decisión puramente política. Tampoco ese supuesto comité de expertos asesoró al Gobierno cuando Moncloa decidió reactivar el estado de alarma a Madrid el 9 de octubre de 2020, alegando que las cifras que aportaba la Comunidad no eran fiables. Todos los indicadores de la pandemia se encontraban a la baja en Madrid, pero el Ejecutivo convocó un Consejo de Ministros extraordinario para cerrar la región con una alarma ad hoc. Previamente, Moncloa lo intentó con una orden ministerial firmada por Salvador Illa que el TSJM tumbó por no ajustarse a la legalidad  e invadir competencias reconocidas en el estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid.

Sólo dos semanas más tarde, el 25 de octubre, toda España pasaba a estar bajo ese estado de alarma 2.0 que había inaugurado Madrid. Nació la figura de la ‘cogobernanza’, que en la práctica se convirtió en el dictado a las comunidades autónomas de lo que debían ejecutar mediante acuerdos sin consenso pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un organismo en el que están representados los gobierno regionales y en el que el PSOE tiene mayoría absoluta. Sánchez, además, se aseguró de no tener que dar cuentas en el Congreso cada 15 días. En su lugar, se comprometió a hacer cada 2 meses.

El estado de alarma tiene fecha de caducidad: el próximo 9 de mayo decaerá, aunque el Gobierno ya ha insinuado que podría pedir una nueva prórroga en caso de que las cifras no acompañen. España ya cuenta sus contagios muy por encima de los 3 millones de personas, una cifra que convierte en ridícula aquella primera predicción de Sánchez de que España alcanzaría los 10.000 casos de coronavirus. Los muertos ya se cuentan por encima de los 100.000.