Los alcaldes independentistas avisan que no cederán los colegios para las autonómicas del 21-D

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha pedido a los alcaldes independentistas que se nieguen a ceder los colegios de sus municipios para celebrar las elecciones autonómicas que el Gobierno ha convocado para el próximo 21 de diciembre (21-D).

Atendiendo a las exigencias del PSOE, el Gobierno de Rajoy quiere que la aplicación del artículo 155 suponga una intervención mínima, durante la cual los Ministerios desarrollarán una gestión meramente técnica de las distintas consellerias de la Generalitat.

Por este motivo, el Consejo de Ministros decidió el viernes disolver el Parlament y convocar unas elecciones autonómicas que se deben celebrar el 21 de diciembre. Es decir, justo 54 días después de la disolución del Parlament, tal como marca la Ley General Electoral.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha invitado incluso al ex presidente Carles Puigdemont a presentarse como candidato a estas elecciones. Siempre que antes no haya sido detenido, acusado de un delito de sedición o rebelión en la causa que el Tribunal Supremo abrirá la próxima semana.

Ahora temen a las urnas

Pero concurrir a unas elecciones autonómicas en un plazo tan breve no entra en los planes de los independentistas. En primer lugar, porque tras el fracaso de la DUI las encuestas indican que los partidos del bloque secesionistas (ERC, un PDeCAT en caída libre y los agitadores de la CUP) quedarían en minoría frente a los constitucionalistas. Siempre que se pueda calificar como «constitucionalista» a la marca catalana de Podemos, Catalunya Sí que es Pot.

Los independentistas no están dispuestos, en cualquier caso, a reconocer la legitimidad de unas elecciones autonómicas convocadas desde Madrid, que ellos pretendían fijar en el momento más oportuno del calendario como «constituyentes» de la nueva República.

En un mensaje difundido este fin de semana , la Asamblea Nacional Catalana (ANC) insta a sus seguidores a movilizarse y ofrecer resistencia a todos los pasos que dé el Gobierno de Rajoy en Cataluña. «Ahora comienza la reacción del Estado español», indica la ANC, «no respetaremos su intromisión con aires de legalidad, sus decisiones profundamente antidemocráticas, con las que pretende disolver el Parlament y sustituir un gobierno republicano por gente que los catalanes no hemos votado».

Las decisiones tomadas por el Gobierno de Rajoy en aplicación del artículo 155 son tan «antidemocráticas» que consisten precisamente en la convocatoria de elecciones en Cataluña. Pero no se producen en el escenario más adecuado para los independentistas.

Por este motivo, la ANC anuncia las medidas que adoptarán los miles de seguidores que acatan sus instrucciones en toda la región: «Combatiremos los intentos de detención. Ignoraremos su propaganda. Tratarán de sacar adelante su pantomima electoral, que se demostrará imposible de ejecutar en un territorio que no controlan. Estados más consolidados consideran estas intromisiones como un verdadero golpe de Estado».

Lo cierto es que los «Estados más consolidados» han condenado el golpe de Estado dado por los independentistas en Cataluña y han respaldado las medidas que adopte el Gobierno de Rajoy para restablecer el orden constitucional en Cataluña. En el mismo mensaje, la ANC pide a los funcionarios de la Administración catalana que se nieguen a acatar las órdenes que dicte el Gobierno de Rajoy en aplicación del artículo 155 porque «son ilegales».

Pero la ANC ya ha instado a los alcaldes independentistas para que hagan imposible la celebración de las elecciones autonómicas del 21-D negándose a ceder los colegios electorales. Desde el inicio del «proceso», el poder municipal ha sido uno de los instrumentos más eficaces de los independentistas catalanes.

Decenas de alcaldes acudieron el viernes al Parlament, esgrimiendo sus varas de mando, para realizar una demostración de fuerza y arropar al entonces president Carles Puigdemont durante la proclamación de la República ficticia catalana.

Del mismo modo, más de 400 alcaldes acudieron hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en octubre de 2015 para apoyar al ex presidente Artur Mas, cuando acudió a declarar como imputado por la organización del referéndum ilegal del 9-N. Finalmente, Mas fue condenado a dos años de inhabilitación y ahora debe pagar de su bolsillo, junto al resto de implicados, los 5,1 millones de euros públicos que gastó en la consulta ilegal.

Como ha informado OKDIARIO, la Fiscalía presentó el pasado mes de septiembre una querella contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por promover el referéndum del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional. Ambos están acusados ante el TSJC por los presuntos delitos de desobediencia, malversación y prevaricación.

Ahora, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) pretende utilizar a estos mismos alcaldes de la Asociación de Municipios por la Independencia (de la que forman parte también algunos regidores socialistas del PSC) para impedir que puedan celebrarse con normalidad las elecciones autonómicas previstas para el 21 de diciembre.