Rodríguez rabia porque va a perder el escaño y acusa a Marchena de atacar «a miles de canarios»

El diputado de Podemos Alberto Rodríguez se resiste a abandonar su escaño pese a que la condena que pesa sobre él dictada por el Tribunal Supremo por pegar a un policía le obliga a ello. El también ex secretario de Organización del partido morado ha cargado contra el presidente de la Sala de lo penal del Supremo, Manuel Marchena, al asegurar que «el voto democrático de miles de canarios está siendo atacado sin base jurídica alguna».

Así lo ha señalado en redes sociales con motivo del Día de la Bandera Nacional Canaria que se celebra este viernes. «Quien niegue la importancia de los símbolos, miente. En tiempos como estos, cuando el voto democrático de decenas de miles de canarios está siendo atacado sin base jurídica alguna, cobran más valor si cabe», ha afirmado Rodríguez.

El pueblo canario lleva generaciones usándola con orgullo en todo tipo de movilizaciones, luchas y eventos culturales o deportivos.

Y así seguirá siendo.

Canarias no se vende, Canarias se defiende.#22OctubreDíadelaBanderaNacionalCanaria pic.twitter.com/upeLuHx9Kn

— Alberto Rodríguez (@Alber_Canarias) October 22, 2021

En otro mensaje, el todavía diputado podemita afirma que «el pueblo canario lleva generaciones usándola con orgullo en todo tipo de movilizaciones, luchas y eventos culturales o deportivos. Y así seguirá siendo. Canarias no se vende, Canarias se defiende».

Alberto Rodríguez fue condenado por el Supremo a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por un delito de atentado a agentes de la autoridad. La sentencia consideró probado que propinó una patada a un policía en una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife).

La respuesta de Marchena

Este viernes, el juez Manuel Marchena ha instado a la presidenta socialista del Congreso, Meritxell Batet, a retirarle el acta de diputado a Rodríguez, tal y como consta en la sentencia del Supremo. En su respuesta a Batet, el magistrado se ha mostrado contundente al destacar que el Supremo no está para «asesorar a otros órganos constitucionales» y que la inhabilitación «es obligada».

Marchena descarta cualquier problema de interpretación con la sentencia y resalta que, en alusión a Batet, «como V.E. conoce, la ley 6/1985, 1 de julio, del Poder Judicial, no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo, la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme».

El magistrado del Supremo agrega que el auto «de fecha 14 de octubre de 2021» ya dio «respuesta a la solicitud de la defensa de que fuera anulada la pena de inhabilitación especial». «En el apartado 2 de su fundamento jurídico señalábamos que ‘la cuestión se resuelve expresamente […] en la sentencia cuya aclaración se solicita, de forma que resulta perfectamente inteligible y que se da aquí por reiterada, sin que se aprecie error alguno que deba ser rectificado’», indica.