Una «ratonera», las caras de «odio» y la financiación de Cataluña tras la independencia

Tres son los pilares fundamentales que requiere cualquier proyecto para su puesta en marcha: ideas, personas dispuestas a respaldarlas y la financiación necesaria para ponerlas en práctica. Así lo entendieron los líderes independentistas catalanes que preparaban, desde el Govern y bajo cuerda, estructuras de Estado propias para hacer viable su república independiente, una vez ésta hubiese sido declarada.

La Generalitat de Cataluña calculó que necesitaban 22.800 millones de euros para subsistir en una primera fase. Desde el momento en que se procediese a «la desconexión» del papá «Estado español» y hasta que «estuviera ya engrasada para actuar la hipotética agencia tributaria catalana» -en cuyo diseño se implicó personalmente el entonces secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó- dado que no lo estaría de manera inmediata. Así lo confirman los «espectaculares» documentos incautados en la entrada y registro del despacho profesional del propio Salvadó, tal y como los describe ante el tribunal el agente de la Guardia Civil encargado de analizarlos.

Se presentaba, por lo tanto, un período clave de transición durante el que los veintidós mil ochocientos millones de euros permitirían a los independizados «sobrevivir económicamente». Veintidós mil millones de euros que los promotores de la ‘hoja de ruta’ separatista preveían obtener de «la recaudación de impuestos del sector público catalán, por importe de 4.500 millones de euros», otros 6.000 millones más  a obtener «de los Ayuntamientos», 1.300 millones «de ingresos propios», más una financiación adicional de 11.000 millones de euros que pidieron a China.

La Guardia Civil incautó una factura por importe de 240.000 € correspondientes al diseño informático, encargado a IBM, de un sistema electrónico para gestionar la futura Hacienda catalana.

Este último apunte corresponde a uno de los contactos, no el único, establecidos en los viajes al extranjero realizados por altos cargos del Govern, con Pere Aragonés -entonces ex secretario de Economía y actual vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía- a la cabeza y a los que en alguna otra ocasión se unió el exconseller de Exteriores, Raül Romeva. Viajaban en busca de «financiación exterior» y con la intención de lograr acuerdos internacionales que les permitiesen «emitir deuda pública», cuenta uno de los agentes de la Benemérita.

Se refiere, en concreto, al traslado de una delegación institucional, liderada por Aragonés, hasta Eslovenia. Misión que quedaría recogida en uno de los documentos incautados, con membrete oficial de la Consejería de Vicepresidencia y Economía, donde se establecía un paralelismo entre el proyecto independentista de Cataluña y la independencia eslovena. «La Policía eslovena hizo frente al ejército yugoslavo al declarar la independencia», plasmaba la comparativa. «Sin embargo», matizaba, «Yugoslavia era una federación en colapso y España no», evoca el agente al referirse al contenido de la «hoja ilustrativa». «El Estado español es más fuerte», reconocía.

Una «ratonera» y mucho «odio»

Adjetivos al margen, lo que sí resulta evidente es que, a la luz de lo expuesto en los últimos días por los agentes de la Guardia Civil que inspeccionaron domicilios particulares, despachos institucionales y sedes empresariales, como la de Unipost, en aquellos días aciagos, el Estado actuó. Quizás el Gobierno reaccionó tarde y no hizo todo lo posible; pero, jueces, fiscales, secretarios judiciales, Policía Nacional y Guardia Civil, sí.

Por eso fueron ellos, y no los políticos, quienes soportaron todo tipo de insultos, acosos, escraches y «escupitajos» de toda aquella gente ‘de paz’ que se concentró, entre otros, los días 19 de septiembre en las inmediaciones de la sede de Unipost, en Tarrasa; y el 20 de septiembre en el exterior de las Consejerías de la Generalitat registradas por la policía judicial.

Los agentes de la Guardia Civil que integraron las comitivas, ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, vieron en la gente «el reflejo del odio» y narran ante el tribunal, en respuesta a las preguntas de Fiscalía, cómo se ondearon esteladas, se profirieron amenazas, se incurrió en provocaciones constantes y se produjeron sentadas para impedir a los vehículos oficiales una salida normal, finalizados los trabajos. De manera que «aquello no era una cosa casual, sino que estaban organizados».

Dos guardias civiles relatan con sumo detalle cómo aquel 19 de septiembre por la mañana realizaban una inspección en la sede de Unipost, en Tarrasa, en la que se encontraron numerosos palets con cajas abiertas que contenían el material necesario para celebrar el referéndum, entonces ya declarado ilegal, que estaban buscando. Papeletas de votación y sobres, con el emblema de la Generalitat, rellenos de documentación identificativa, listados y actas dirigidas a los miembros que habrían de integrar las mesas electorales organizadas para la votación.

El coche de la comitiva judicial que registró la sede de Unipost fue golpeado, zarandeado, fotografiado y grabado, a su llegada, por los más de 500 individuos concentrados. 

Ante tal hallazgo, solicitaron al juez autorización judicial para registrar la sede, que resultó negativa. Así que se limitaron a asegurar el local, y su contenido, hasta la llegada de una comitiva judicial específica para la intervención de todos los sobres y la apertura de un ejemplar de cada uno de los modelos disponibles. Pese a que la comitiva había llegado sobre las cinco, no pudo acceder a la nave hasta pasadas las siete de la tarde, debido a que las calles estaban bloqueadas por «una aglomeración de gente de más de 500 personas», que les impedían el paso. «Pasaron un mal rato», refiere uno de los agentes.

No mejoraron las cosas cuando, concluido el registro, llegó el momento de abordar una salida que fue «muy desagradable», porque «el ambiente estaba más enrarecido», relata uno de los guardias civiles que se vieron obligados a protagonizarla. La responsabilidad en materia de seguridad era de los Mossos. Eran ellos quienes interactuaban con los concentrados para tratar de habilitar un pasillo entre los manifestantes y fueron ellos quienes se encargaron de diseñar una ruta de ‘escape’ adecuada.

Sin embargo, en lugar de trazarla hacia una de las zonas «que estaba más despejada», les metieron en «una calle que era una ratonera». Hasta en dos ocasiones se utiliza esta expresión en la sala de vistas, por dos agentes diferentes, para hacer referencia a la vía elegida por los Mossos para materializar dicha salida. «Estaba en obras. Tenía zanjas a ambos lados para el cambio de canalizaciones, vallas, … Muchos elementos susceptibles de impedir la marcha» de un convoy que, recordemos, estaba integrado por cinco vehículos.

La gente «nada pacífica» aprovechó para «esperarnos» en aquella encerrona en aquel callejón para «arrojar las vallas contra los vehículos policiales y retirar las planchas que tapaban las zanjas en la calle». De manera que «todos los vehículos fueron cayendo en las mismas», hasta tal punto que «ni siquiera los todoterreno pudieron atravesarlas», ha apuntado el agente. «Los Mossos tuvieron que emplearse a fondo para contener a la gente» y liberar a la comitiva judicial que, una vez más, permaneció retenida por la multitud en la jornada de registro a Unipost.

El 1-O «un muro infranqueable»

No todos los guardias corrieron la misma suerte. En el centro de votación de Sant Andreu de la Barca, el 1-O, el octavo agente citado a declarar hoy sufrió, en sus propias carnes, la inacción de ocho Mossos que, desde el otro lado de la calle «no hicieron nada» para protegerles de quienes impedían su actuación policial. Ha sido el episodio más lacónico y emotivo de la jornada.

«Era un muro infranqueable el que nos encontramos para llegar al punto de votación. Estaban todos sentados y tirados en el suelo. Todos nos estaban grabando. Alguien decía ‘todos callados, no decir nada’. Tuvimos que apartar las piernas y avanzar con cuidado para no pisar a nadie», relata.

El dolor en su voz es más que palpable: «Lo único que sufrí fue un daño moral. No sé si me insultaron porque fui a cumplir una orden judicial o porque soy guardia civil. A mí me ha quedado grabado cómo me miraban. No sé si era desprecio u odio. Pero nunca por hacer mi trabajo me habían escupido antes. A día de hoy no entiendo por qué aquellas personas, que eran personas del pueblo, se comportaron como delincuentes», finaliza.