La ley balear de Memoria Histórica permite expropiaciones por razón de «interés social»

La nueva ley de Memoria Democrática de las Islas Baleares establece lo que denomina «espacios e itinerarios de la Memoria». Se considera así a los «espacios inmuebles o parajes que tengan interés para la comunidad autónoma por haberse desarrollado en ellos hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o repercusión en la memoria colectiva de la lucha de la ciudadanía de las Islas Baleares por sus derechos y libertades democráticas».

El período para esta consideración abarca 52 años, desde la proclamación de la II República, en 1931,  hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía», en 1983. Y también la propiedad privada queda afectada. 

La ley establece que «las personas propietarias, titulares de derechos o poseedores de terrenos e inmuebles» que tengan la consideración de relevantes para la Memoria Democrática «acordarán» con la administración un horario para visitas abiertas al público. Además, los particulares estarán obligados a mantener la propiedad en buen estado y a poner a disposición de la administración la información que se le solicite. En caso de incumplimiento se puede llegar incluso a la expropiación «por causa de interés social» cuando exista «peligro de destrucción o deterioro irreparable del bien». PP y Ciudadanos, que sí han apoyado la ley, se han desmarcado sin embargo de este apartado. 

Multas de hasta 150.000 euros

El Gobierno balear creará un catálogo de Espacios e Itinerarios de la Memoria. La inscripción de estos espacios se iniciará «de oficio» por el titular de la consellería competente, o también a petición de personas físicas o jurídicas.

«Las personas propietarios, titulares de derechos o poseedores de terrenos o inmuebles inscritos como Espacios de la Memoria y Reconocimiento Democrático tienen el deber de conservarlos  y mantenerlos para que se garantice la salvaguarda de sus valores, de manera que las características que lo identifiquen no se pierdan, destruyan o sufran un deterioro irreparable», se señala.

La ley establece un régimen sancionador, con multas que pueden llegar a los 150.000 euros en el caso de infracciones muy graves. Entre éstas se consideran, precisamente, los daños en estos espacios o la realización de obras sin consentimiento.