El Gobierno contesta a la ONU tras defender a Jordi Sànchez: “No interferiremos en decisiones judiciales”

El Gobierno ha dejado clara su postura frente a la defensa de Jordi Sànchez por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la exigencia de garantías jurídicas a España. Y lo ha hecho para recordar que España es un “estado de derecho”, donde hay “pleno respeto por las garantías judiciales” y donde el Gobierno “no interfiere en decisiones judiciales”.

La postura del Gobierno es contundente. Tan rotunda como merecía el escrito trasladado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se instaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy a «tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sànchez puede ejercer sus derechos políticos». Un escrito que ha provocado ya que Jordi Sànchez vuelva a plantear ya su candidatura a la Presidencia de la Generalitat.

El Gobierno, frente al escrito de Naciones Unidas, ha destacado, en primer lugar, que el Comité, al admitir la queja “sólo ha tenido conocimiento de las alegaciones del Sr. Sànchez”, sin haberlas contrastado con las alegaciones de España, que se formularán “en tiempo y forma”.

«Todas las garantías procesales»

En segundo lugar, que “la indicación de la adopción de medidas que formula el Comité no es vinculante, ni puede afectar a resoluciones judiciales, sin perjuicio de que España, como todo Estado democrático y de Derecho, tiene en cuenta los criterios del Comité para mejorar la protección de los derechos fundamentales”.

En tercer lugar, que la supuesta restricción de derechos políticos de Jordi Sànchez, concretamente su situación de prisión preventiva y la denegación del permiso para asistir al Pleno convocado para su investidura por el Parlamento de Cataluña, “ha sido adoptada por Jueces y Tribunales del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional con todas las garantías procesales y en aplicación estricta de la Ley”.

Y, como colofón, que “el Gobierno no puede, en modo alguno, interferir en las resoluciones judiciales dictadas, por respeto al Estado de Derecho y al principio de separación de poderes”.

En resumen, que se el Gobierno se da por enterado del escrito. Pero que en España el derecho se cumple y los tribunales tienen todo el derecho –y la obligación– de hacer cumplir la ley para empezar, porque el “derecho de participación política no es un derecho ilimitado”.

“Por tanto, la admisión de esta comunicación [de la ONU] no prejuzga la actuación del Gobierno ni del Poder Judicial, ni determina la adopción de medidas concretas, y será debidamente respondida por el Reino de España, que se somete a este protocolo de forma voluntaria, por su compromiso con los derechos fundamentales”, concluye el Gobierno.